VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA LOS
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS DEL AMBIENTE Y EL TERRITORIO EN
COLOMBIA EN EL MARCO DEL POSACUERDO
Andrea Turriago Molinas
Magister en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y Justicia
Transicional de
la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
Internacionalista de la Universidad del Rosario.
Correspondencia: andreatumo@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0275-2110
RESUMEN
El presente artículo examina, sobre la base de una revisión bi-
bliográfica, la situación general de los defensores y defensoras de
derechos humanos del ambiente y el territorio en Colombia, desde
una perspectiva documentada, analizando el ejercicio de la defensa
del medio ambiente en un contexto de violencia. El trabajo tiene como
punto de partida las disputas alrededor de los recursos naturales que
traen consigo importantes impactos negativos tanto a nivel ambiental
como social. Los esfuerzos por intentar proteger el medio ambiente y
a los colectivos más vulnerables han dado origen a los llamados de-
fensores ambientales, quienes se encargan de velar por los derechos
humanos y de la tierra. Este ejercicio de defensa en Colombia tiene
características muy particulares, como el conflicto armado y la violen-
cia estructural, dentro de la que se identifican una serie de prácticas
violentas sistemáticas en su contra que complejizan la defensa del
medio ambiente y aumentan el grado de vulnerabilidad de las comu-
nidades, que dificulta aún la tarea de los defensores.
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437423
resumen
126
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Palabras Clave: Defensores ambientales, territorio, violación de dere-
chos, conflicto armado, medio ambiente, sistematicidad.
SYSTEMATIC VIOLENCE AGAINST HUMAN RIGHTS
DEFENDERS OF THE ENVIRONMENT AND TERRITORY
WITHIN THE POST-AGREEMENT FRAMEWORK
IN COLOMBIA
ABSTRACT
This article examines the general context of human rights defenders of
the environment and territory in Colombia based on a review of the literature,
from a documented perspective, analysing the exercise of defending the
environment in a violent situation.
The study takes as its starting point the disputes over natural resources
that are accompanied by significant negative impacts both at a social and
environmental level. Efforts to protect the environment and most vulnerable
communities have given rise to the so-called environmental defenders, who
assume responsibility for safeguarding the rights of both human beings and
those of the land. This defensive exercise in Colombia has very special
characteristics, such as armed conflict and structural violence, within which
a series of systematic violent practices perpetrated against them can be
identified. Such aspects complicate their defence of the environment and
increase the level of vulnerability of such communities, making the task of
these defenders even more difficult.
Key words: Environmental defenders, territory, violation of rights, armed
conflict, environment, systematicity.
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Andrea
Turriago Molinas
VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA LOS
DEFENSORES Y DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS DEL AMBIENTE
Y EL TERRITORIO EN COLOMBIA
EN EL MARCO DEL POSACUERDO
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Recibido: 09-03-2021
Aceptado: 23-06-2022
Publicado: 31-12-2022
INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene como objetivo analizar desde un
punto de vista histórico aspectos sistemáticos de la violencia
contra los defensores y defensoras de derechos humanos del
ambi ente y del territorio (DDAT) en Colombia, en el contexto del
posacuerdo de paz con las FARC. Con el fin de visibilizar el in-
cremento en el número de asesinatos, riesgos, amenazas y vio-
lencia generalizada a los que se enfrentan a diario.
El aumento en las cifras se ha desarrollado en el marco de
un proceso de transición sociopolítica compleja, en la que con-
vergen múltiples actores que han contribuido a la intensificación
de este flagelo, como la disputa por el control de territorios ante-
riormente ocupados por las FARC, la debilidad de los derechos
territoriales, las economías extractivistas tanto legales como ile-
gales y la deuda histórica del Estado con las comunidades más
vulnerables. El texto busca esclarecer la situación de los DDAT
en un contexto de violencia donde los recursos naturales y las
tierras son cada vez más escasos.
La explotación desenfrenada de los recursos naturales, el
acaparamiento de tierras y la desaparición de ecosistemas han
128
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
tenido un gran impacto en las poblaciones más vulnerables,
donde se evidencia la fragilidad de las formas tradicionales de
supervivencia y la violación de los derechos fundamentales, dan-
do paso al surgimiento de conflictos e injusticias ambientales
(Borrás, 2021). Para 2020 más de un tercio de los ataques regis-
trados estuvieron relacionados con la explotación de recursos,
siendo la explotación forestal el sector con mayor número de ase-
sinatos a nivel global, con 23 casos; mientras que la agroindustria
y la minería estuvieron relacionadas con 17 ataques y a más del
30% de todos los asesinatos registrados por Global Witness.
En consecuencia, la degradación ambiental y los efectos co-
laterales de los cambios en los hábitats y ecosistemas, han re-
saltado la importancia del rol de los DDAT. Según el último in-
forme de Global Witness, la crisis climática, la degradación del
medio ambiente y la perdida de ecosistemas son directamente
proporcionales con el aumento en las cifras de DDAT asesina-
dos a nivel global. En Colombia concretamente, se registran 133
conflictos ambientales actualmente, relacionados principalmente
con la extracción de minerales y materiales de construcción,
combustibles fósiles y conflictos por biodiversidad y conser-
vación (Atlas de Justicia Ambiental, 2022). A raíz de esto, la lu-
cha de los DDAT ha impulsado la consciencia colectiva sobre el
cuidado del medio ambiente a través de modelos de desarrollo
sostenibles responsables con las necesidades y condiciones de
las poblaciones más vulnerables y el cuidado de los recursos
naturales, junto con la necesidad de proteger a los defensores
mismos e involucrar a las comunidades en temas medioambien-
tales por medio de mecanismos de participación y la reivindi-
cación de la defensa como derecho humano.
En 2018 nace el Acuerdo de Escazú, basado en el Principio
10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, entre los países de América Latina y el Caribe como:
el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de la
región y el primer instrumento jurídicamente vinculante en el mundo
en el que se reconoce el rol de las personas defensoras del
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
129
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
ambiente. En él se incluyen también obligaciones para su protec-
ción (Gómez, 2018, pág. 12).
Pese a la existencia de varios mecanismos en el marco in-
ternacional que velan por la protección de la naturaleza y el me-
dio ambiente1, no existía un acuerdo que incluyera disposiciones
de protección a los defensores y defensoras de derechos huma-
nos en asuntos ambientales como herramienta jurídicamente
vinculante para los Estados que lo ratifiquen. La participación
ciudadana en temas medioambientales, el acceso a la informa-
ción, la justicia ambiental y la protección de las personas defen-
soras y líderes, son algunos de los principales compromisos que
contiene el acuerdo. Este instrumento busca mejorar la calidad
de vida de los DDAT haciendo más segura su labor de defensa
y protegiendo sus derechos (CEPAL, 2018).
Según Rozo et al. (2021) en un contexto de posacuerdo e
implementación del proceso de paz, el Acuerdo de Escazú com-
plementa y fortalece las leyes ambientales nacionales ya exis-
tentes, para dar pie a una democracia ambiental justa y transpa-
rente que complementariamente proteja los derechos humanos
de los DDAT. No obstante, pese a la pertinencia del Acuerdo de
Escazú para la realidad colombiana, el 20 de junio de 2021 fina-
lizó el periodo legislativo y su ratificación se hundió en el Con-
greso de la República. Este acto evidencia la falta de compromi-
so del Gobierno frente a la problemática de violencia y la
negativa a fortalecer las instituciones de protección y la demo-
cratización territorial.
Comparativamente, según Martín Quintana y Eguren
Fernández (2011, citado en Marín & Vélez, 2021), Colombia
1
Los principales mecanismos internacionales de protección del medio ambiente
y la naturaleza y derechos humanos que corresponden a la temática son: la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972,
también conocida como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y su Principio 10, la Declaración sobre los
defensores de los derechos humanos de 1998, el protocolo de Kioto contra el cambio
climático de 1997 y su extensión, el Acuerdo de París en 2012.
130
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
cuenta con uno de los programas más antiguos y grandes en
términos presupuestales en el mundo para la protección de de-
fensores y defensoras de derechos humanos, junto con me-
canismos institucionales como el sistema de alertas tempranas
de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección
(UNP), el Plan de Acción Oportuna (PAO), el Programa Integral
de Seguridad y Protección, entre otros, pero ningún mecanismo
de protección puntual en temas de justicia ambiental2.
Por otro lado, según Bakke y Smidt (2020, citado en Marín &
Vélez, 2021) afirman que la ratificación de acuerdos sobre pro-
tección a DDAT endurece las restricciones a movimientos socia-
les y aumenta el riesgo de sus miembros. Así, la firma de los
acuerdos se reduce a satisfacer a la comunidad internacional
más que un cambio real en el ámbito doméstico, «los países no
tienen incentivos para cambiar su comportamiento cuando son
regímenes que recurren a prácticas de “terror”» (Marín & Vélez,
2021, pág. 6).
En países como Brasil, Honduras, Nicaragua, Filipinas, en-
tre otros, los gobiernos están adoptando leyes y políticas que
dificultan y endurecen la labor de los DDAT, como por ejemplo:
el fortalecimiento de las potestades de la fuerza pública en mani-
festaciones y protestas, las restricciones de financiamiento in-
ternacional, el aumento de requisitos legales para la consoli-
dación de organizaciones y el uso de los mecanismos judiciales
para la criminalización de su labor (Amnesty International, 2017).
El uso de los mecanismos legales y judiciales para la
criminalización de la labor de los DDAT se ha vuelto común en
2
Es importante aclarar que, pese a que en el Acuerdo de Paz el punto 3.4 de
Principios Orientadores hace referencia a las medidas de protección y seguridad colec-
tivas e individuales, estas están contempladas especialmente para las personas inte-
grantes de las FARC que se desmovilizaron y se acogieron a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP). No obstante, estas directrices no incluyen mecanismos de protección
para DDAT ni temas de justicia ambiental pertinentes para el objeto del presente artículo.
Ver texto complete en: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normati-
va_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
131
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
América Latina y en países con regímenes autoritarios, que cada
vez más, recortan los espacios de participación y protesta de la
sociedad civil en la toma de decisiones sobre los territorios.
América Latina es la región más peligrosa del mundo para
los DDAT, pues la falta de garantías efectivas de protección de los
derechos humanos y el alto grado de impunidad y corrupción que
permea las esferas de poder corroe el tejido social alrededor de
las situaciones que involucran a los DDAT y proyectos de
desarrollo públicos y privados (CIEL, 2016). Según el último in-
forme publicado por Front Line Defenders, en el 2021 hubo 358
defensores de derechos humanos asesinados a nivel global, de
los cuales 59% eran defensores de la tierra, el medio ambiente3
y derechos de las personas indígenas y 26% eran personas in-
dígenas (Front Line Defenders, 2022). En contraste, Global Wit-
ness registró un total de 227 personas defensoras de la tierra y
el medio ambiente asesinadas en 2020, de las cuales 65 fueron
asesinadas en Colombia, posicionándose como el país con mayor
índice de homicidios en el mundo (Global Witness, 2021).
Aunque las dos organizaciones llevan el conteo sobre defen-
sores como categorías analíticas diferentes, la primera es sobre
defensores de derechos humanos en general y la segunda so-
bre defensores de la tierra y el medio ambiente, es evidente la
violencia sistemática que hay en la defensa de los derechos
humanos y la tierra, que, cabe resaltar, están intrínsicamente
relacionados.
3
En Colombia puntualmente, la desterritorialización y vulneración de la autodeter-
minación del derecho sobre los territorios y el uso que se les da a los recursos son las
principales motivaciones de los DDAT para su ejercicio. La tendencia de la utilización de la
tierra que envuelve los conflictos ambientales se da principalmente para la explotación de
monocultivos agroindustriales, ganadería, explotación de elementos naturales no renova-
bles, cultivos ilícitos, minería ilegal o no adecuadas para el tipo de suelo. Relacionados
con desplazamiento forzado y despojo de tierras (Borrás, La defensa de la tierra y de los
territorios en tiempos de acaparamientos verdes. Un análisis del caso colombiano, 2021).
132
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Según Borrás (2021), las violaciones de derechos humanos
en materia medioambiental se enmarcan, en su mayoría, bajo
una visión de desarrollo extractivista, que involucra prácticas de
explotación de recursos naturales intensivas por parte de empre-
sas mineras, agrícolas, madereras, etc. Dos de las principales
problemáticas actuales que expone la autora son: la impunidad
de las empresas que explotan irresponsablemente los recursos
naturales sin consentimiento ni consulta de las comunidades
locales, y las agresiones que sufren, acompañadas de la des-
trucción de ecosistemas, desplazamiento forzado, criminaliza-
ción y homicidio. En Colombia, puntualmente, a esta problemá-
tica se le suma la participación de grupos armados ilegales como
el ELN (Ejército Nacional de Liberación), las disidencias de las
FARC, grupos paramilitares y bandas criminales (Bacrim), que
se han mantenido también gracias a la explotación de recursos
como el oro y el carbón, además del narcotráfico (Gonzalez,
Molina, & Montes, 2018). Por ejemplo, en la década de los 80 se
fortalecieron los grupos paramilitares con el auge del
narcotráfico, y buscaban adueñarse de las rentas de explo-
tación de oro, petróleo y cultivos de coca (Rodríguez, Rodrí-
guez, & Durán, 2017).
La firma del Acuerdo de Paz con las FARC tenía como pro-
pósito concluir el enfrentamiento armado más antiguo del con-
tinente, y con ello la finalización de múltiples violaciones a los
derechos humanos, sobre todo en zonas rurales, donde el con-
flicto es más palpable (Pensamiento y Acción Social; Protection
International, 2018). Sin embargo, la búsqueda de control terri-
torial y/o económico por parte de los grupos armados vigentes
en los espacios donde antes se encontraban los miembros de las
FARC ha sido uno de los principales desafíos en e l proceso
de construcción de la paz. La pasividad del Gobierno y sus mí-
nimos esfuerzos para la implementación del acuerdo ha gene-
rado desconfianza por la falta de garantías de seguridad para las
partes involucradas en la construcción de la paz en zonas de
posconflicto (Gonzalez, Molina, & Montes, 2018).
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
133
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
MÉTODOS
El texto resulta de una investigación exhaustiva que utiliza
informes de organizaciones de la sociedad civil, ONGs naciona-
les e internacionales, informes institucionales y notas de prensa,
producidos en su mayoría en los últimos doce años, ya sea so-
bre Colombia y/o América Latina, la literatura científica soporta
argumentos y evidencia contradicciones existentes de la pro-
blemática como la disparidad en la forma de contabilizar y catego-
rizar las agresiones y asesinatos de los defensores de DDAT
como categoría analítica. La selección documental identificó los
siguientes tipos de metodologías utilizadas en los textos consul-
tados: los documentos oficiales hacen uso del método cuantita-
tivo para la formulación de datos, tanto la Defensoría del Pueblo
como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General
de la Nación manejan estadísticas y resultados diferentes sobre
la misma problemática, haciendo que las medidas de protección
y prevención no sean efectivas. Las ONGs nacionales e interna-
cionales utilizan metodología cuantitativa y cualitativa, en mayor
medida porque trabajan de cerca con las comunidades y reali-
zan recopilación empírica de información y las notas de prensa
son una fuente importante de información para las mismas, sin
embargo, también hacen uso de las cifras oficiales para propor-
cionar datos comparativos.
Este artículo no pretende abarcar los fenómenos de violen-
cia contra todos los defensores de derechos humanos en
general, sino concentrarse exclusivamente en las dinámicas de
violencia contra DDAT que tengan relación con las luchas del
medio ambiente y la tierra. No obstante, se analizan documentos
que datan de la situación de defensores y defensoras de DDHH
en general, pues dentro de esta categoría analítica se encuentra
los DDAT y aportan información valiosa.
Los documentos se analizaron a la luz de un enfoque históri-
co, ya que se parte de la premisa de la existencia de problemas
estructurales en tenencia de tierras y violencia alrededor de con-
flictos ambientales. Además, se hace énfasis en el ejercicio de
134
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
defensa4 del medio ambiente como actividad clave para conside-
rar a los DDAT como categoría analítica. Por medio de la histori-
zación se busca comprender las dinámicas de violencia
sistemática contra DDAT alrededor de los conflictos por la tierra
en contextos socio políticos y las dinámicas con los múltiples
actores involucrados.
El desarrollo del texto se definió con base en una cronología
que permita al lector entender de manera práctica el camino que
los DDAT han recorrido en Colombia para el reconocimiento de
su labor y la protección de sus derechos. Así pues, la estructura
se define de la siguiente manera: en primer lugar se hace una
breve comparación entre las definiciones existentes que abren
paso a una categoría analítica de lo que se entiende por defen-
sor y defensora de derechos humanos ambientales y del territo-
rio, y la manera en la que se abordará la sistematicidad. En se-
gundo lugar, se reseñan de manera breve pero detallada dos de
los hitos del contexto nacional: el conflicto armado y los acuer-
dos de paz como antecedentes decisorios de la situación actual
de los DDAT en Colombia. En tercer lugar, se enuncian los prin-
cipales riesgos amenazas y agresiones de los que son víctimas
los DDAT y los presuntos autores de dichas violaciones desde
una perspectiva de sistematicidad. En cuarto lugar, se evidencia
a groso modo el panorama general que viven los DDAT en el país
luego de los acuerdos de paz. Por último, las conclusiones
surgidas de la revisión.
4
La definición de defensa utilizada para el desarrollo del presente texto se basa
en la sentencia No. T-536/92 que parte del artículo 79 de la Constitución Nacional de
Colombia del derecho a gozar de un ambiente sano e integra definiciones de protección
medio ambiental de derecho internacional adoptadas por el artículo 93 de la Constitu-
ción con el bloque de constitucionalidad. Se entiende por defensa la acción o acciones
que buscan promover el “derecho a gozar de un ambiente sano, proteger la diversidad
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción, siendo el objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades in-
satisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y agua potable” (Corte
Constitucional de Colombia, 2021).
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
135
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
I. Defensores y defensoras de los derechos humanos
ambientales y de la tierra como categoría analítica
La categoría analítica utilizada en el presente texto surge
como una compilación de las definiciones de la revisión biblio-
gráfica y recoge los elementos comunes y más relevantes iden-
tificados durante el proceso y evidencia las diferencias principa-
les entre defensores de derechos humanos y los DDAT como
dos categorías analíticas que comparten puntos en común pero
cuyas luchas puntuales se diferencian.
En la última década y en especial en los últimos cinco años,
se han realizado diferentes aproximaciones conceptuales esta-
blecidas por las principales organizaciones de la sociedad civil5
dedicadas a la protección de derechos humanos, órganos inter-
nacionales y también desde la academia6. Las fuentes bibliográ-
ficas revisadas examinan desde la categoría analítica de defen-
sores de derechos humanos, defensores ambientales,
defensores de la tierra, defensores del territorio y defensores de
derechos humanos ambientales.
5
Las personas defensoras del territorio son “grupos, personas o instituciones
que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especial-
mente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inver-
sión. De forma individual o colectiva se alzan contra las tentativas de acaparamiento de
tierras y reclaman que se respeten los derechos humanos relativos a la tierra con ac-
ciones pacíficas protegidas por el derecho internacional como la toma de acciones le-
gales, las campañas públicas, las protestas o las manifestaciones” (CAJAR; FIDH;
OMCT, 2017, p. 10)
6
Susana Borrás: “[…] se hace referencia a individuos o grupos que son víctimas de
violaciones a los derechos humanos debido a su actividad de defensa del medio
ambiente, como la gente que se opone a los proyectos destructivos en el sector ex-
tractivo, de infraestructura y desarrollo; los derechos de las comunidades indígenas y
de las minorías; los derechos de las mujeres, los comunicadores, los abogados y los
académicos; o simplemente quienes defienden sus propios derechos a proteger su modo
de vida sostenible. Los defensores ambientales son individuos que no necesariamente
se identifican como activistas por la justicia ambiental, sino que mediante sus acciones
están defendiendo la justicia ambiental o a los pueblos afectados por las injusticias
ambientales, ya sea a nivel comunitario, nacional o internacional” (Borrás, El derecho a
defender el medio ambiente: la protección de los defensores y defensoras ambientales,
2013, p. 292).
136
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas (OACNUDH)7 8, siguiendo lo dis-
puesto en el artículo primero de la Declaración sobre los Defen-
sores de Derechos Humanos9 ha definido a los defensores y
defensoras de derechos humanos como:
…cualesquiera personas o grupos de personas que se esfuercen
en promover los derechos humanos, desde organizaciones intergu-
bernamentales asentadas en las mayores ciudades del mundo hasta
individuos que trabajan en sus comunidades locales. Los defensores
pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de
cualquier parte del mundo y tener cualesquiera antecedentes
profesionales o de otro tipo (ACNUDH, 2019, p. 7).
En contraste con la definición previa, se puede evidenciar
cómo en el ámbito nacional, instituciones como la Procuraduría
General de la Nación reconoce de manera específica el rol de
defensa del medio ambiente y el territorio:
Se entenderán por DDT las personas que han asumido procesos
para la defensa de sus derechos relacionados con la tierra o el terri-
torio. Estos procesos incluyen, entre otros, los que se emprenden
para resolver conflictos agrarios por el despojo, la tenencia y la acu-
7
El relator especial, John Knox, se refiere a personas o grupos que, en calidad
personal o profesional y de manera pacífica, que protegen y promueven los derechos
humanos. Los defensores se identifican sobre todo por lo que hacen y se caracterizan
por las acciones que emprenden para proteger los derechos humanos (Knox, 2017, p. 6).
8
Michel Forst: definió a los defensores de los derechos humanos ambientales
como “[…] las personas y los grupos que, a título personal o profesional y de forma
pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados
con el medio ambiente, en particular el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna. Los
derechos ambientales y sobre la tierra están interrelacionados y a menudo son insepa-
rables. Por consiguiente, las dos grandes categorías de defensores de los derechos
ambientales y defensores de los derechos sobre la tierra suelen definirse bajo las ex-
presiones “defensores de los derechos ambientales y sobre la tierra”, “defensores de
los derechos ambientales” o simplemente “activistas ambientales”” (ONU, 2019, p. 6).
9
El artículo primero de la Declaración sobre Defensores de DDHH establece “el
derecho, individual o colectivamente,a promover y procurar la protección y realización de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e inter-
nacional, tanto de forma individual como colectiva” (ACNUDH, 1999, pág. 3). Ver texto
completo en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/decla-
ration_sp.pdf
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
137
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
mulación de la tierra, el agua y bienes comunes como ríos, humeda-
les, ciénagas u otros cuerpos de agua, o manglares, bosques, pla-
yones, u otros ecosistemas estratégicos; también, los conflictos y
tensiones por la defensa de las relaciones tradicionales con los terri-
torios, que pueden incluir modelos de uso del suelo y de los recur-
sos naturales para economías familiares o étnicas, formas de explo-
tación de baja intensidad, modelos de conservación o recuperación,
entre otros (Procuraduría General de la Nación, 2018, pág. 14).
Las definiciones utilizadas en el presente texto fueron esco-
gidas por su relevancia sobre el tema, pues cada día se nutre la
definición desde nuevos puntos de vista, debates y experien-
cias. Sin embargo, es importante hacer esta aclaración, pues en
muchos de los informes revisados, los textos y estadísticas ha-
cen referencia a los líderes sociales únicamente, lo cual sería
excluyente con las personas que ejercen el trabajo de defensa
de los derechos humanos ambientales y de la tierra pero que no
son considerados como líderes. En segundo lugar, aunque la
mayoría de las definiciones previamente mencionadas hacen
hincapié en la defensa de derechos humanos en general, se
puede denotar la importancia que la defensa puntual del medio
ambiente y la tierra ha tomado en el discurso con el tiempo, re-
saltando la actividad de defensa en conflictos ambientales, aún
más en el contexto de posacuerdo que enfrentan los DDAT10 en
Colombia.
Ahora bien, cabe aclarar que este criterio no logra trascen-
der una definición tautológica para la situación de los DDAT en
Colombia, estas definiciones ponen sobre la mesa una proble-
mática de especificidad de la categoría analítica para que el or-
denamiento jurídico reconozca expresamente a los DDAT como
10
Los DDAT contribuyen indirectamente a la promoción, respeto y protección
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, como por ejemplo el
derecho a la protesta, que, pese a que no es un derecho humano ambiental, sirve como
vehículo para la protección de otros derechos. La defensa de los derechos humanos
ambientales y de la tierra no es de ninguna manera excluyente con la defensa de otros
derechos. Esta definición trata de ajustarse de manera amplia a los DDAT que ejercen
su actividad en el contexto colombiano, y busca resaltar también los elementos carac-
terísticos de las labores realizadas por estos en los distintos territorios nacionales.
138
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
objeto de protección en un contexto de construcción de paz que
tiene como fondo una carencia en la “caracterización normativa,
pues el marco jurídico contempla criterios circunstanciales” (Cal-
derón & Escobar, 2020, págs. 81-82). No todos pueden ser con-
siderados DDAT, pues de ser así, no se les podría brindar una
protección especial.
II. Sistematicidad
Para tener mayor claridad sobre lo que se entenderá por
sistematicidad en el texto, se tomará la precisión que realizó la
Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, la cual
aclaró, que:
El crimen tiene carácter sistemático cuando se comete según un
plan o una política predeterminados. Se comete en gran escala
cuando está dirigido contra muchas víctimas, bien sea mediante una
serie de ataques, bien sea mediante un ataque masivo contra un
gran número de víctimas (ONU, 1996, p. 59).
En el caso de los homicidios de DDAT en Colombia, la Pro-
curaduría General de la Nación (PGN) ya ha advertido que, has-
ta ahora, la capacidad para el conteo total de homicidios de
DDAT por parte del Estado no es la mejor. Sin embargo, según
un estudio sobre sistematicidad realizado por esta, los asesina-
tos son generalizados, pero no indiscriminados. “Son generali-
zados por el número de DDT11 muertos, y no son indiscriminados
porque las víctimas mortales están determinadas por su posi-
ción dentro de los procesos, con lo que se busca superar el efec-
to aritmético de acumulación de individuos eliminados” (Procura-
duría General de la Nación, 2018, p. 77). Cuando se realiza una
selección cuidadosa de la víctima, los perpetradores logran un
impacto ampliado en la consecución de proyectos y procesos de
defensa de derechos ambientales y territoriales, ya que, cuando
11
La procuraduría entiende a las personas que han asumido procesos para la
defensa de sus derechos relacionados con la tierra o el territorio como defensores de
derechos a la tierra y el territorio (DDT).
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
139
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
se acaba con la vida de los defensores o se les obliga a dejar su
labor, por lo general los proyectos mueren con ellos y conduce a
un fuerte impacto social y organizativo. Sobre la sistematicidad
de los asesinatos de defensores del territorio se concluyó lo si-
guiente:
Por una parte, cuando concurren una serie de patrones en predios
o territorios defendidos por un DDT, es probable que ocurra su ase-
sinato, lo que significa que los crímenes suceden de manera similar
sobre una base regular, y, por otra parte, que existen patrones defi-
nidos en las prácticas violentas contra DDT, que pueden agruparse
en dos grandes categorías y que las definen como sistemáticas, esto
es, patrones de violencia ocurridos al margen de la institucionalidad
y patrones de violencia ocurridos en relación o con ocasión del
ejercicio de las funciones propias de la institucionalidad estatal
(Procuraduría General de la Nación, 2018, p. 78)
Por otro lado, el informe del primer semestre de 2021 de la
Defensoría del Pueblo sobre “Conductas vulneratorias en contra
de líderes sociales y defensores de DDHH” evidenció 407 ac-
ciones contra líderes sociales y defensores de DDHH, entre el-
las atentados, amenazas y homicidios. Según el informe, las
conductas registradas contra líderes ambientales puntualmente
fueron de 5 en 2020 a 15 en el primer semestre del 2021, demos-
trando un incremento en la tasa de violencia, información que la
fiscalía general investiga y procede a corroborar (Defensoría del
Pueblo, 2021).
No obstante, la falta de un criterio unificado para la recolec-
ción de las cifras dificulta el proceso de cuantificación real del
problema. Por ejemplo, “desde 2016 y hasta diciembre de 2020
la ONU había registrado 462 homicidios de líderes. La Defen-
soría del Pueblo ha documentado 710 casos en ese mismo peri-
odo y la ONG Somos Defensores, ha reportado 600” (León,
2021). Según el informe de Somos Defensores del primer semes-
tre del 2021, se registraron 59 asesinatos de personas defen-
soras, dentro de los cuales, y para el objeto de este escrito, se
registraron 3 asesinatos de líderes ambientales y 16 asesinatos
140
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
de líderes indígenas12 (Somos Defensores, 2021). Este es un
claro ejemplo de lo difícil que resulta unificar las cifras de cada
una de las instituciones y organizaciones con respecto a sus
resultados individuales.
Ahora bien, resulta imposible analizar cada uno de los casos
por separado, pues en la mayoría de las ocasiones están rela-
cionados entre sí. Si se observan como un conjunto las situa-
ciones de amenazas, homicidios, atentados y las diferentes mo-
dalidades de ataque a las comunidades es posible evidenciar
que todo forma parte de una misma situación. Las amenazas y
asesinatos que rodean a los DDAT tienen una lógica y un patrón
común, un ejemplo es la circulación de panfletos “donde indican
nombres de personas pertenecientes a organizaciones, lidere-
sas y líderes que son acusados de ser guerrilleros encubiertos,
señalados y condenados a muerte o conminados a desalojar las
regiones” (González & Delgado, 2018, pp. 3-4), allí se eviden-
cian las amenazas, desplazamiento forzado y asesinatos en un
mismo caso, en 2021 las agresiones tuvieron lugar en 26 depar-
tamentos, es decir el 82% del territorio nacional (Somos Defen-
sores, 2021).
Aunque en este trabajo se aborda puntualmente la situación
de los DDAT, las situaciones que viven los defensores de DHH
en general son muy similares, según el CINEP, la distribución de
la violación de los derechos humanos a los defensores en las
zonas del país en las que se presentan una o varias de las sigui-
entes características en el marco de la firma del acuerdo de paz:
i)
correlación alta con presencia de cultivos de uso ilícito o son luga-
res donde existen rutas del narcotráfico; ii) correlación alta con
regiones que han sido advertidas de manera reiterada por el Sis-
tema de Alertas Tempranas; iii) correlación alta con presencia de
grupos paramilitares; vi) correlación alta con zonas militarizadas; v)
existen fuertes procesos de organización social; vi) se desarrollan
12 El liderazgo indigena es relevante para el presente texto, ya que estas personas
fueron afectadas en razón de su labor de control territorial y protección de sus comuni-
dades, cuyo ejercicio entra en la definición de DDAT bajo la que se desarrolla el análisis.
ado [VGM9]: Ver notas anteriores.hay más
espacio entre el número y el texto
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
141
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
actividades extractivas legales e ilegales, particularmente minería;
vii) presentan correlación alta con que se encuentran en o cercanas
a las antiguas Zonas Transitorias de Normalización (ZVTN) o Espa-
cios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde
los miembros de las FARC-EP se concentraron para realizar el pro-
ceso de dejación de armas; viii) presentan correlación alta con zonas
afectadas por desplazamientos forzados; ix) son zonas incluidas o
aledañas en los municipios priorizados para la adopción de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) según lo
dispuesto en el numerar 1.1. del Acuerdo del Paz entre el Gobierno
y las FARC-EP y designados como Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz, que nacieron a partir del desarrollo del punto
2.3.6 del mismo (CINEP, 2018, p. 60).
Con base en esto, pese a la disparidad de la información
proporcionada por las diferentes fuentes de información oficial y
no oficial, el análisis de los patrones identificados en las dinámi-
cas de violencia contra DDAT son de carácter sistemático, pues
se evidencian unas características recurrentes, como lo son las
amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, vio-
lencia sexual, entre otros, y, por lo general, están relacionadas
con el ejercicio de defensa del territorio en el caso puntual de
DDAT. También es importante resaltar que, estas prácticas se
enmarcan en mayor medida en los territorios donde la recompo-
sición de los grupos armados es más aguda, ya que orientan
estas estrategias para la desarticulación de las luchas por la de-
fensa de los derechos ambientales y de la tierra.
III. La guerra como ambiente propicio para la violación
sistemática de los derechos humanos a defensores
Los efectos que el conflicto armado en Colombia ha tenido
sobre la situación de los DDAT merecen un reconocimiento es-
pecial para lograr una mejor comprensión de este, ya que ha sido
uno de los factores determinantes para hacer el contexto
colombiano particularmente diferente respecto de la situación de
los DDAT en otros países. Esto se debe a que involucra elemen-
tos propios de la guerra interna colombiana tales como el des-
plazamiento forzado, la plantación de cultivos ilícitos, el “tráfico
de tierras”, entre otros; que convergen en la acentuación de la
coyuntura de violencia y persecución alrededor de los DDAT.
142
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Estos elementos no son nuevos y han trazado la hoja de ruta
para el accionar de los DDAT en el país, pues la mayoría de los
retos que enfrentan hoy en día surgen a partir de estos. Así pues,
es importante recordar que el conflicto armado en Colombia ha
sido el más largo en todo el continente, las más de cinco déca-
das de guerra civil han cobrado más de 268.188 vidas en el perio-
do entre 1958 a 2021 (Observatorio de Memoria y Conflicto,
2021) y ha generado el desplazamiento forzado de aproximada-
mente 5.712.506 de personas alrededor del país, con cifras has-
ta 2012 (CNMH, 2019). Por desgracia, luego de 2012, las cifras
de homicidios y desplazamiento siguen en aumento, según la
Unidad de Víctimas, al 1 de enero de 2020 se registraron
1.018.860 de víctimas fatales directas e indirectas y 7.585.536
personas víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales el
87% son de zonas rurales (Unidad de Víctimas, 2020). Muchas
veces, estos asesinatos y desplazamientos no son una conse-
cuencia únicamente de la guerra, sino que provienen de intere-
ses perversos que aprovechan las vicisitudes del conflicto para
sacar provecho. Un claro ejemplo es la compraventa de tierras
de personas desplazadas a precios extremadamente bajos.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los
principales afectados por los desplazamientos forzados son per-
sonas y comunidades ubicadas en zonas rurales conocidas
como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC),
donde se produce el mayor número de confrontaciones armadas
y el despojo de tierras cometido por actores armados ilegales
determina en su mayoría los desplazamientos, que se dan prin-
cipalmente en zonas remotas donde falta la presencia estatal y
también se es víctima de la pobreza. Así lo confirma la OACNUDH,
la cual reporta que de los 107 asesinatos registrados en 2019,
casi todos fueron perpetrados en zonas rurales, “alrededor del
98%, en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y
operan grupos criminales o armados
[…]
Además, el 86% tuvo
lugar en zonas con tasas de pobreza por encima del prome-
dio nacional” (ONU, 2020), lo cual deja en evidencia que las co-
munidades más vulnerables y en contextos más violentos, son
aquellas que históricamente se han visto afectadas por la violen-
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
143
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
cia sistemática de las dinámicas de poder ejercidas por los
diferentes grupos armados y la ausencia de Estado.
La CIDH advirtió que entre 2018-2019, hubo un incremento
del 13% en los asesinatos a personas defensoras pese a que a
partir de 2017 se registró la tasa de homicidios más baja en los
últimos 30 años (CIDH, 2019). Por otro lado, la organización So-
mos Defensores realizó un análisis de las estadísticas compila-
das, por distintas fuentes para unificar datos comunes13, y se
determinó que:
los líderes con más casos de homicidio corresponden a defensores
relacionados con la tierra y el territorio, con enfoques étnicos y
poblacionales (campesinos, indígenas, afrodescendientes y Juntas
de Acción comunal de zonas rurales), y en precarias condiciones
económicas. Estos líderes víctimas de homicidio no son defensores
con una visibilidad nacional y su liderazgo se desarrolla en ámbitos
locales (Somos Defensores, 2018, p. 10).
Uno de los principales retos expuestos luego de la firma del
Acuerdo de Paz, es el aumento de la violencia contra DDAT en
las ZOMAC y en municipios donde se desarrollan Programas de
Desarrollo con enfoque Territorial (PEDT) y el Programa Nacio-
nal Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), siendo el
15% de los municipios nacionales, donde también se llevan a
cabo procesos de restitución de tierras (Marín & Vélez, 2021;
González, Molina, Montes, 2018).
A)
Las implicaciones de la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC
Luego de varios intentos para ponerle fin al conflicto arma-
do, a finales de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos firmó
los acuerdos de paz con la guerrilla más grande y antigua del
13 Es importante tener en cuenta que las cifras recogidas por las diferentes orga-
nizaciones y entidades oficiales no coinciden, esto se debe principalmente a la metodo-
logía implementada para la recolección de datos y a la definición individual otorgada por
cada uno (CIDH, 2019). Esto ha sido un punto de inflexión importante, ya que la dife-
rencia entre las cifras repercute directamente en la respuesta por parte del Estado, pues
es de esperarse que se responda proporcionalmente a la dimensión del problema.
144
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Con su firma, se pretendían abordar de manera conjunta las
problemáticas principales que se derivan del conflicto armado,
de forma que en su implementación se desarrollaran de manera
complementaria. Los temas en materia de tierras y los derechos
asociados a ella fueron incorporados en el punto 1 -Reforma
Rural Integral- del documento, y se abordaron tres temas cen-
trales que, en conjunto, establecen 10 medidas claves que tra-
bajarán en concreto la implementación de los acuerdos en esta
materia (Pensamiento y Acción Social; Protection International,
2018)14.
El tránsito de los integrantes de las FARC a la vida civil en el
marco de los acuerdos de paz impulsó el ingreso de nuevos ac-
tores armados como las disidencias de las FARC, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), bandas dedicadas al crimen organi-
zado y grupos paramilitares, que tratan de imponerse por la fuer-
za en los territorios y aprovechar la incapacidad del Estado para
posicionarse desde las instituciones (Prem, et ál., 2018). Aunque
las
FARC fungían control sobre los territorios no eran garantes de no
violencia en las regiones controladas por esta ex guerrilla.
Los cambios en las estructuras de poder y el aumento de la
violencia sistemática ya existente, junto con circunstancias par-
ticulares como las economías ilegales y las dinámicas sociales,
han tenido un gran impacto negativo sobre las personas y las
organizaciones que defienden el territorio, los recursos natu-
rales, los derechos humanos ambientales, los procesos de resti-
tución de tierras y la implementación de los acuerdos de paz a
nivel territorial (Defensoría del Pueblo, 2017). Para el año 2017
el inicio de la implementación de los acuerdos de cese al fuego
14 Los tres temas principales que se abordan en el punto 1. Reforma Rural Inte-
gral son los siguientes: a. Acceso y uso de la tierra (incluye 4 componentes); b. Pro-
gramas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (incluye 4 componentes); c. Planes
Nacionales para la Reforma Rural Integral (incluye 2 componentes). Ver texto completo
en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/
Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
145
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
con las FARC y de los diálogos de paz y la mesa de negociación
con el ELN, trajeron consigo una importante reducción en el
número de víctimas mortales de carácter socio-político en toda
Colombia. Pese a esta disminución en las muertes por enfrenta-
mientos entre el ejército, la ex guerrilla de las FARC, otras
guerrillas y grupos paramilitares, se hizo evidente el incremento
en los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes
sociales en todo el territorio nacional porque sus muertes comen-
zaron a denotar un patrón con características particulares, así,
fue haciéndose más visible la violencia focalizada hacia este
grupo de personas (Somos Defensores, 2018).
Lastimosamente, aunque las organizaciones de la sociedad
civil, las instituciones gubernamentales -como la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría- y la comunidad internacional han
hecho un llamado al gobierno de Colombia para tomar cartas en
el asunto, hasta el momento no se han tomado medidas de pro-
tección efectivas que hagan frente a la urgente problemática.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2020 Indepaz reportó una cifra de 1.107 personas
defensoras y líderes asesinadas, siendo 2018 el segundo año
más violento con 298 homicidios (Indepaz, 2020) después de
2020 con 310 homicidios a fecha del 31 de diciembre (Indepaz,
2020). De estas cifras, la mayoría de defensores pertenecía a
zonas rurales y su ejercicio de defensa estaba relacionado con
la defensa de los territorios por parte de las comunidades afro e
indígenas, sustitución de cultivos ilícitos y promotores de pro-
gramas de restitución de tierras.
El ex relator especial de la ONU sobre la situación de los
defensores y defensoras de los derechos humanos, Michel Forst,
luego de su visita a Colombia a finales de 2018, expresó su
preocupación al saber que “muchas personas defensoras de los
derechos humanos de base rural han sido asesinadas por apoyar
políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)” (Forst, 2018, pp. 3-5),
siendo esta una de las principales problemáticas derivadas de la
firma de los acuerdos de paz en temas de tierras. Muchos
146
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
de los testigos entrevistados por el secretario en su visita, desta-
caron como esfera de alto riesgo la promoción de la sustitución
de cultivos ilícitos y la restitución de tierras. Ahora bien, el con-
flicto social tiende a manifestarse principalmente en zonas donde
se
llevan a cabo megaproyectos, a menudo en zonas habitadas en
su mayoría por personas indígenas (Forst, 2018).
El Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derecho Humanos (OMCT-FIDH) ha resaltado el hecho de que
las distintas instituciones estatales, organizaciones de la socie-
dad civil y órganos internacionales que se dedican a recoger
estadísticas, coinciden en señalar un importante crecimiento en
el número de asesinatos y conductas vulneratorias a los dere-
chos de personas defensoras de derechos humanos entre 2018
y 2019. Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016
a septiembre de 2021, 611 personas defensores y defensoras
del medio ambiente han sido asesinadas (Observatorio de DDH y
Conflictividades de Indepaz, 2021).
B)
La violencia alrededor de la tierra y los recursos naturales
El conflicto armado ha establecido una serie de patrones de
violencia en las dinámicas respecto a temas de tierra y recursos
naturales. Los problemas a los que se enfrentan hoy en día las
comunidades rurales, los reclamantes de tierras, líderes y lidere-
sas comunitarios y DDAT, dan cuenta de que más allá del con-
flicto con las guerrillas, la violencia es sistemática y está intrínse-
ca en un conjunto de factores económicos y políticos, que sirven
como incentivos perversos para que el conflicto alrededor de la
tierra siga siendo la base de muchos de los problemas que per-
mean la sociedad colombiana.
Según Rodríguez, Rodríguez & Durán (2017), las disputas
sobre los recursos naturales son un factor importante en los con-
flictos armados con relación de causalidad que puede ser de tres
tipos. En primer lugar, disputas entorno a la distribución de la
renta de la explotación de los recursos. En segundo lugar, ten-
siones alrededor de escasez o distribución de recursos natura-
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
147
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
les. En tercer lugar, dependencia de las economías extractivis-
tas y la fragilidad política que este modelo económico produce.
A esto se suma la deuda histórica del Estado colombiano con
las comunidades étnicas y campesinas sobre el derecho de
acceso a la tierra, el favorecimiento de los intereses de empre-
sas nacionales e internacionales y élites regionales, la restitu-
ción de tierras y la falta de una reforma agraria integral. Estos
factores estructurales incentivan el crecimiento de los conflictos
relacionados con la protección de la tierra y los derechos am-
bientales (Forst, 2018). Por otro lado, en el informe de riesgo de
2017 de la Defensoría resalta que:
Algunos de estos actores al parecer asociados a grupos armados
ilegales, estarían promoviendo amenazas, hostigamientos y aten-
tados en contra de defensores de derechos humanos, líderes de
organizaciones de víctimas, organizaciones y movimientos políti-
cos de oposición, expresados en situaciones de estigmatización,
panfletos amenazantes, homicidios y desapariciones forzadas
(Defensoría del Pueblo, 2017, p. 18).
Respecto a esta situación, la OACNUDH ha expresado su
preocupación por el alto número de amenazas y asesinatos con-
tra personas que lideran, defienden y/o participan del proceso de
restitución de tierras, solicitando al gobierno tomar cartas en el
asunto y crear mecanismos eficaces a nivel local y político de
protección a DDAT y organizaciones de la sociedad civil que tra-
bajen con víctimas reclamantes de tierras (ONU, 2020)15.
Está comprobado que la permanencia de los pueblos indíge-
nas en los territorios ha permitido la extraordinaria conservación
15 Para efectos aclaratorios, en este escrito la lucha relacionada con los pro-
cesos de restitución de tierras es considerada como lucha por el medio ambiente y el
territorio, ya que, desvincular la relación de las comunidades rurales, la tierra y la vio-
lencia sufrida como consecuencia de los enfrentamientos armados por el control de
estas, desconocería la problemática del despojo como lucha por el medio ambiente y
limitaría la categoría de los DDAT únicamente a temas ecológicos. A esto se suma la
problemática de sustitución de cultivos ilícitos, que sumada a la restitución de tierras se
han convertido en una de las principales causas para el asesinato de DDAT por parte
de los grupos armados ilegales y las disidencias de las FARC.
148
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
del 80% de la biodiversidad que queda en el mundo. Para 2020
el 37% de los asesinatos a nivel global fueron contra pueblos
indígenas, pues estos se dedican especialmente a la prevención
de prácticas destructivas del clima y el medio ambiente (Global
Witness, 2021, pág. 16), en Colombia puntualmente las cifras de
asesinatos a DDAT indígenas desde 2016 hasta mediados de
2021 es de 332, siendo la categoría más vulnerada dentro del
grupo de defensores (Observatorio de DDH y Conflictividades de
Indepaz, 2021).
Desde la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de
2016 hasta el 16 de septiembre de 2021 la suma de las muertes
de DDAT registradas por departamentos arrojó las siguientes ci-
fras presentadas en orden descendente: Cauca con 204, Nariño
con 88, Antioquia con 55, Putumayo con 25, Córdoba con 17,
Valle del Cauca con 32, y Norte de Santander con 17 (Observa-
torio de DDH y Conflictividades de Indepaz, 2021). Sólo en 2020,
112 homicidios fueron cometidos contra personas indígenas y los
homicidios por conflictos agrarios de recursos naturales, tierra y
territorio representan un 70.35% (Indepaz, 2020). Estas cifras
son reflejo del fracaso del gobierno en la implementación de los
puntos cruciales del acuerdo de paz. No obstante, la pro-
blemática ha sido tratada desde las instituciones estatales como
un problema “menor” y se han hecho declaraciones desde las
instituciones gubernamentales que buscan minimizar el sentido
y el impacto de los homicidios denunciados por las organi-
zaciones de derechos humanos.
Es importante tener presente que el despojo de tierras y los
desplazamientos forzados no se deben única y exclusivamente
al control per sé del territorio, sino que la tierra se ha convertido
en el medio y el fin para sustentar en el tiempo las economías
ilegales de grupos armados al margen de la ley, la facilitación de
megaproyectos y la perpetuación de las élites regionales en el
poder.
La mayoría de las veces, los DDAT son los únicos que se
interponen entre las comunidades y sus tierras y estos podero-
sos actores y el despojo. Según el último informe publicado por
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
149
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Global Witness, el aumento de asesinatos de DDAT en Colom-
bia durante 2019 tuvo un aumento de más del doble de los re-
gistrados en 2018, con 64 personas defensoras del medio ambi-
ente asesinadas, esta es la cifra más alta registrada en sus
informes sobre el país, de las cuales 14 están relacionadas con
la sustitución ilegal de cultivos (Global Witness, 2020, pág. 10).
Mientras que en 2020 se registró un total de 65 DDAT asesina-
dos en Colombia y se identificaron 3 razones estructurales de la
violencia contra defensores, las cuales son la desigualdad de los
impactos, la responsabilidad empresarial y la incompetencia es-
tatal para prevenir y solucionar.
IV. Riesgos y amenazas: perpetradores y tipos
A continuación, se analizan en detalle los principales riesgos
y amenazas a los que se enfrentan los DDAT en el ejercicio de
su actividad diaria, así como una caracterización de los posibles
autores responsables de estas violaciones y, se hará una men-
ción especial sobre la violencia de género que sufren las muje-
res defensoras y a las violaciones a pueblos indígenas, ya que
son uno de los grupos con mayor número de víctimas en el mar-
co de la defensa del medio ambiente y la tierra.
A)
Caracterización de las dinámicas violentas contra defensores de
derechos humanos ambientales y de la tierra
A continuación, se mencionan las principales agresiones a
las que se son sometidos los DDAT en su cotidianidad, y se com-
pilan las dinámicas de violencia más comunes.
• Amenazas y hostigamiento:
en el ejercicio de la defensa del
ambiente y la tierra, es usual que los defensores reciban
amenazas de ataques contra su vida y su integridad a diario.
La mayoría de las amenazas y hostigamientos se hacen a
través de llamadas telefónicas, cartas o en persona, lo cual
genera miedo en las comunidades, los defensores y las fa-
milias de los defensores (Universal Rights Group; IUCN,
2018). El hostigamiento es otro de los principales problemas
150
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
a los que se enfrentan los DDAT, la constante vigilancia e
intervención de teléfonos y retención de documentos de
identidad son solo algunos ejemplos que, generalmente pre-
ceden de actos de defensa o denuncia (ACNUDH, 2019).
• Asesinatos e intentos de asesinatos:
las violaciones contra la
integridad física de los DDHA -y de los defensores de otros
derechos- y su derecho a la vida por lo general son el expo-
nente más evidente de violencia en su contra (Penchasza-
deh, 2014). En promedio, en el mundo mueren cuatro DDAT
semanalmente, cuyas modalidades de asesinatos son varia-
das y alarmantes. Para 2018, en Colombia se registraron 24
asesinatos de personas defensoras relacionados con conflic-
tos por la tierra. En los últimos años se ha evidenciado una
tendencia al aumento en las cifras de asesinatos a DDAT a
nivel global (Global Witness, 2019, p. 8). Según la Defen-
soría, los DDAT asesinados “pertenecían a organizaciones
sociales rurales campesinas y étnicas, que se oponen al
modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales
causados a los ecosistemas como consecuencia de la ex-
pansión de la minería y la agroindustria” (Procuraduría Gen-
eral de la Nación, 2018, pág. 17).
• Arrestos y detenciones arbitrarias:
son constantes las denun-
cias de detenciones y arrestos a personas dedicadas a de-
fender el medio ambiente. Algunos de estos arrestos y deten-
ciones se dieron -y se siguen dando- en el contexto de las
protestas públicas, mientras que otros se cometen de mane-
ra arbitraria (Penchaszadeh, 2014), como el caso del DDAT
José Vicente Murillo, quien durante más de un año venía re-
cibiendo amenazas a través de panfletos y seguimiento de la
fuerza pública, convirtiéndose posteriormente en un “falso
positivo judicial”, luego de ser acusado sin tener ningún pro-
ceso en su contra, se encuentra detenido desde el 7 de
diciembre de 2019 “por dirigir una movilización en contra del
oleoducto Caño Limón Coveñas, en Arauca” (Guerrero,
2020). La protesta social en Colombia ha promovido la
represión y abuso de poder por parte de las autoridades que,
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
151
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
sumado al contexto de guerra, fija unos límites que reducen
las oportunidades para la organización y la acción colectiva,
al vulnerar los derechos de reunión, asociación y expresión
(Rodríguez E. C., 2015).
• Criminalización y persecución:
el uso indebido del derecho
penal se materializa en la criminalización de DDAT cuando
se incurre en la manipulación del poder punitivo del Estado
por parte de actores estatales y no estatales con el fin de
proteger sus intereses particulares o bien para impedir el
ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la tierra
(CIDH, 2015, p. 18). “Durante 2012 y julio de 2019 han sido
judicializadas 184 (74% del total de casos) defensores/ as de
derechos humanos que tienen un liderazgo ambiental y/o que
pertenecen a organizaciones que defienden el territorio y el
medio ambiente” (Gonzalez & Moore, 2019, p. 50).
• Estigmatización:
con frecuencia los DDAT son blanco de
críticas y calificativos negativos como consecuencia de su
actividad de defensa. Con el objetivo de quebrantar los pro-
cesos de defensa y desprestigiar a sus impulsores, actores
del ámbito público y privado, incluyendo cuerpos de seguri-
dad, atentan constantemente contra su buen nombre y su
honra. Esta estigmatización contribuye de manera impor-
tante al aislamiento de estas personas dentro de sus respec-
tivas comunidades por rechazo social y al mismo tiempo au-
menta el riesgo de sufrir agresiones, ataques, entre otros.
Dependiendo del contexto social y cultural, la estigmatización
se presenta de manera diferenciada, pues los valores y cos-
tumbres juegan un rol fundamental al momento de difamar el
nombre de los defensores, ya que se muestra el acto de de-
fensa ambiental como labores opuestas a la cosmovisión de
las comunidades (Universal Rights Group; IUCN, 2018, p. 5).
Es el caso de Hugo Calvache, un líder campesino defensor
del agua, de la tierra y de los derechos básicos de su comu-
nidad, quien ha sufrido de primera mano la violencia como
consecuencia de la estigmatización. “Nos acusan de parar el
desarrollo, de que no se construyan las cosas. Pero lo que
152
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
queremos es el bienestar de la comunidad”. Todos los días
vela por hacer que su trabajo como DDAT sea más reconoci-
do, y así poder gozar de más garantías que protejan su vida
(Puentes, Pacifista, 2020).
• Delitos sexuales:
el registro de agresiones por género en
2017 arrojó un número de 560 defensores y defensoras, de
los cuales 74% fueron hombres y el 26% mujeres. Pese a que
el número de agresiones es mayor en hombres, las dinámicas
de violencia se presentan de manera más intensa en contra
de mujeres defensoras, “ya que los homicidios presentados
contra mujeres denotan siempre mayores niveles de violen-
cia, incluso sexual” (Somos Defensores, 2018, p. 60). Dentro
de las principales agresiones y de las más frecuentes está el
acoso sexual, que sirve a los agresores como herramienta de
represión e intimidación para impedir el ejercicio de defensa.
Es común que, en las zonas con presencia de industrias ex-
tractivas, las agresiones sexuales y la violencia sean más fre-
cuentes, ya que hay mayor activismo por la defensa del me-
dio ambiente y la tierra. Esta violencia sexual no está
únicamente dirigida contra mujeres, sino también contra
niños, niñas y adolescentes, pues por el rol de las mujeres
como madres, las represalias contra su familia son usuales
(Universal Rights Group; IUCN, 2018). En Colombia, el ejerci-
cio de defensa desde el rol de mujer multiplica los riesgos
porque reúne una serie de factores que las vuelve más vulne-
rables, como el hecho de que reúnen cargas de estigmatiza-
ción arraigadas a su identidad como campesinas, indígenas o
afrocolombianas en entornos con estructuras patriarcales, a
esto se suma el hecho de que viven en su mayoría en zonas
rurales marginadas y pobres. “El resultado es que estas mu-
jeres sufren las consecuencias desproporcionadas de la vio-
lencia, no solo en sus cuerpos, sino también en sus comuni-
dades y territorios” (Oxfam International, 2019, p. 4).
• Desplazamientos forzados y acaparamiento de tierras:
por la
coyuntura de violencia histórica en el país, la mayoría de los
DDAT libran sus luchas en zonas rurales y remotas, que bien
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
153
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
sea por la presencia de grupos ilegales armados como para-
militares y/o guerrillas, amenazan su permanencia en los te-
rritorios. Sin embargo, este desplazamiento no es una conse-
cuencia exclusiva de los grupos armados y las economías
ilegales, sino también del desarrollo de megaproyectos y pro-
yectos económicos que requieren vastas extensiones de tie-
rra, de las que no se discrimina sobre su naturaleza jurídica
o régimen, cuando son territorios étnicos. Así mismo, se ha
logrado identificar “un fenómeno de compraventas masivas
de tierras en municipios pertenecientes a regiones de alta
expulsión, abandono forzado de tierras y masacres […]” que
facilitan el impulso de proyectos y el acaparamiento de tierras
(CNMH, 2015, p. 255). “La importancia de su vínculo con las
tierras, los territorios y los recursos naturales con sus de-
rechos colectivos a la propiedad” (CIEL, 2016, p. 19) dan
cuenta del daño que se causa a las comunidades que sufren
el desarraigo de sus tierras y el rompimiento del tejido social.
B)
Presuntos responsables
El entorno en el que los DDAT desempeñan su labor es tan
violento y hostil que se ha normalizado la violencia y el hostiga-
miento hacia ellos y sus luchas. Según Hernández (2002, 2003,
2008, citado en Mínguez, 2015), la paz está asociada a los dere-
chos y libertades fundamentales, y está significada “mediante
valores como la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, y el
rechazo a la violencia” (Mínguez, 2015, pág. 181). Siguiendo
esta premisa se podría suponer que uno de los factores de la
normalización de la violencia contra DDAT radique en la falta de
garantías para el pleno goce de los derechos fundamentales y
los valores que se asocian a la paz.
Y, aunque se identifican las causas de los ataques contra su
trabajo y su persona, ha sido difícil ponerles una cara a los au-
tores de las múltiples formas de violencia ejercidas en su contra,
pues existen tantos actores con tantos intereses diferentes con-
vergiendo en un mismo territorio, que algunos chocan con la la-
bor de protección y cuidado de los territorios que los DDAT junto
a sus comunidades desempeñan incansables.
154
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
En la mayoría de los casos de violencia y asesinatos contra
DDAT, la identificación de los autores es uno de los factores más
difíciles de esclarecer, si no el más difícil. Según la Fiscalía Gen-
eral de la Nación, “los principales responsables de los asesina-
tos son, por orden de responsabilidad, personas particulares,
organizaciones criminales locales, el Clan del Golfo, disidencias
de las FARC y el ELN” (CIDH, 2019, pág. 53).
Es usual que los victimarios salgan impunes porque no se
les logra identificar como autores de los delitos cometidos, facili-
tando su actuar y perpetuando la violencia contra defensores. La
ACNUDH señaló que:
la responsabilidad de estos asesinatos recaería principalmente
sobre miembros de organizaciones criminales, entre cuyos inte-
grantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estruc-
turas paramilitares desmovilizadas (40%), individuos no afiliados a
ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18%), integrantes del
ELN (8%), integrantes del Ejército Popular de Liberación EPL (4%),
antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al pro-
ceso de paz (8%), miembros de la fuerza pública (5%), y personas
por determinar (17%) (ACNUDH, 2019, pág. 5).
El último informe de Somos Defensores, en los periodos
entre enero y junio de 2020 y 2021 los responsables de asesinatos
59 en 2020 y 34 en 2021 por desconocidos, 14 en 2020 y 12 en
2021 por paramilitares, 12 en 2020 y 6 en 2021 por disidencias
de las FARC, 6 en 2020 y 4 en 2021 por la fuerza pública y 4 en
2020 y 2 en 2021 por el ELN (Somos Defensores, 2021).
También es necesario contemplar los lazos de estos grupos
ilegales con gobiernos locales, servicios de seguridad privada
y/o grupos armados organizados vinculados con empresas
privadas, que posiblemente están detrás de intereses particu-
lares (Forst, 2018). Debido a la poderosa influencia de las em-
presas pocas veces se les responabiliza de las consecuencias
de sus actividades comerciales, rara vez alguna persona “es ar-
restada o llevada ante la justicia por matar a quienes defienden
la tierra y el medio ambiente” y cuando esto sucede, los autores
materiales son quienes suelen caer y no las personas que po-
drían estar implicadas directa o indirectamente como autores
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
155
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
intelectuales del crimen (Global Witness, 2021, pág. 16).
Por otro lado, en Colombia el uso de las instituciones estata-
les como herramienta de disuasión para abrirle paso a megapro-
yectos es común. En varias ocasiones, se ha podido demostrar
el vínculo de megaproyectos con grupos criminales que buscan
favorecer la ejecución y desarrollo de los mismos, aprovechando
el problema de violencia estructural y sistemática del país para
pasar por encima de comunidades y derechos colectivos del te-
rritorio. Prueba de ello es otro caso, el de Kymi Pernía, un indí-
gena Embera Katío que se oponía a la construcción de la repre-
sa hidroeléctrica de Urrá I en Córdoba, de quien Salvatore
Mancuso reconoció su asesinato y desaparición por los parami-
litares (CNMH, 2015).
Partiendo de la premisa de que los grupos criminales son los
principales culpables de la violencia sufrida por los DDAT, el go-
bierno creó la Unidad Especial de Investigaciones para el Des-
mantelamiento de las Organizaciones Criminales, adscrita a la
Fiscalía General de la Nación en 2017, con el fin de identificar
quiénes son los autores materiales e intelectuales de los críme-
nes cometidos contra las personas defensoras. No obstante, la
fiscalía ha presentado menos del 60% de esclarecimiento de los
casos que, además, no corresponden con las cifras de desman-
telamiento, pues las bandas criminales desarticuladas son muy
pequeñas y no se dedican a asesinar DDAT (Somos Defenso-
res, 2020).
El contraste de los datos de fuentes oficiales con el de
ONGs, que en teoría no cuentan con un alcance como el de la
Fiscalía o la Procuraduría, evidencia la disparidad en los méto-
dos de trabajo y compilación de información, que evidencian un
trabajo más certero y cercano a la realidad con las comunidades
afectadas que los resultados presentados por entes estatales
(Somos Defensores, 2021).
En la mayor parte del siglo XX y desde entonces, en Colom-
bia existe un problema estructural de tierras que agudiza la vio-
lencia selectiva y reduce el reconocimiento de los derechos y el
156
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
acceso a la tierra de las comunidades rurales (CNMH, 2018).
Junto con el escalamiento del conflicto armado, la coyuntura del
país ha estado presta para que las empresas, del sector extrac-
tivo principalmente, aprovechen las zonas grises de lo legal y
hagan uso de los territorios y sus riquezas a su conveniencia y
muchas veces pasando por encima de las comunidades locales.
Entre 2015 y 2019 se reportaron 181 ataques a defensores que
denunciaron conductas de las empresas, 44% de los ataques
fueron a personas defensoras que plantearon preocupaciones
sobre empresas del sector minero energético, 90% de los ata-
ques fueron contra defensores que denunciaron la industria mi-
nera, de hidrocarburos, agricultura y ganadería, plantas hi-
droeléctricas y represas, el 56,2% del total de casos fueron
atacadas luego de hacer denuncias sobre determinadas empre-
sas (CIEDH, 2020).
La expansión de las actividades de las empresas a zonas
remotas dificulta notablemente el ejercicio de defensa de los
DDAT sobre sus territorios, ya que, además de tener que lidiar
con la ausencia de Estado, las comunidades deben lidiar con los
grupos criminales y la intromisión de las compañías a sus territo-
rios, las cuales tienden a ser muy agresivas, sus voces de pro-
testa quedan supeditadas a la suerte. Las dinámicas de las es-
tructuras empresariales construidas alrededor una economía
globalizada, han convertido el acceso a la información sobre las
empresas y sus cadenas de suministro en un proceso espinoso
minado de obstáculos, “dificultando la revelación de los vínculos
o conexiones operativas entre las empresas y los ataques” a
DDAT (ONU, 2019, pág. 4).
Según el último informe presentado por el relator especial
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la tasa
de impunidad para homicidios dolosos contra defensores oscila
entre un 86,5% a 94,3% de los casos conocidos por las
autoridades (ACNUDH, 2019). Este alto índice de impunidad
deja en evidencia la incompetencia e ineficacia de las institucio-
nes gubernamentales para enfrentar el problema, además de
fortalecer la idea de que el gobierno busca presentar estas olas
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
157
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
de violencia contra DDAT como casos aislados y desvincularlas
de los problemas coyunturales de los territorios y hacerla pasar
como una problemática menor (Global Witness, 2020).
Sin embargo, los tipos penales que promueven la impunidad
solo funcionan en una dirección, pues como ya se mencionó an-
teriormente, “la criminalización de la actividad legítima y pacífica
que desarrollan los colectivos que se oponen a megaproyectos
que afectan los territorios y el medio ambiente” (ISHR, 2015, p.
6) se ha convertido en un mecanismo de cohesión para que no
ejerzan sus derechos sobre la tierra. Esto demuestra, una vez
más, que una de las causas profundas para la violencia contra
DDAT es que no existe un reconocimiento legal de los derechos
sobre la tierra, especialmente para las comunidades campesi-
nas, indígenas y afro, que históricamente han sido desplazadas
y despojadas de sus territorios (Wijdekop, 2017).
La diversidad de factores y de actores que convergen alre-
dedor de esta problemática en Colombia, convierte a los DDAT
en blancos fáciles de la violencia, pone en tela de juicio la res-
ponsabilidad del Estado frente a los modelos de desarrollo ex-
tractivistas y cortoplacistas que impulsan y que agudizan la po-
breza sistémica y fortalecen las estructuras criminales de los
múltiples actores armados (Front Line Defenders, 2019).
Para 2020, en todo el mundo las violaciones denunciadas
más comunes utilizadas por los estados continuaron siendo los
arrestos y las detenciones para impedir el trabajo de los DDAT.
Como respuesta a la pandemia, la legislación restrictiva y la
aprobación de leyes diseñadas para limitar el ejercicio de los
DDAT fueron utilizados para socavar los movimientos de protes-
ta que habían ganado fuerza en 2019. Con las restricciones im-
puestas (Front Line Defenders, 2021). Junto con el COVID-19 y
el incumplimiento por parte del gobierno de Iván Duque de los
acuerdos de paz, los principales abanderados con el cumpli-
miento del acuerdo son los DDAT y se han convertido en la cara
visible de las luchas contra las problemáticas a las que pretende
dar solución el instrumento legal (Somos Defensores, 2020).
158
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
CONCLUSIONES
Las fuentes de literatura utilizadas en el texto dejan en evi-
dencia la desarticulación de las instituciones estatales. En la
compilación de datos y la categorización analítica de los DDAT
se identifican elementos comunes que integran el derecho a la
defensa del medio ambiente como parte fundamental de su rol.
Sin embargo, el no consenso alrededor de una definición pun-
tual dificulta el reconocimiento y protección especial en el orde-
namiento jurídico.
El marco jurídico a nivel nacional ofrecido luego de la firma
de los Acuerdos de Paz con las FARC sigue siendo pobre, pues,
aunque contempla mecanismos de protección individual y colec-
tiva, este se centra puntualmente en los integrantes de las FARC
que se acogieron al acuerdo y comenzaron su transición a la vida
civil, los temas que se abordan alrededor de la tierra y los
territorios no abordan los temas de acumulación de riqueza, aca-
paramiento de tierras, desigualdad y distribución de los recursos
de manera estructural.
Además, la desarticulación jurídica de las leyes existentes
concernientes a la protección del medio ambiente, de los dere-
chos territoriales y el acceso a la tierra, y de los programas y
mecanismos estatales de protección para las personas DDAT se
quedan cortos para afrontar la realidad que vive el país. A esto
se le suma la no ratificación de Colombia al Acuerdo de Escazú,
que articularía de manera eficiente las herramientas ya existen-
tes y cuyo principal enfoque es la protección de los derechos
humanos relacionados en materia ambiental.
La implementación de los procesos de paz en los territorios
más afectados también ha traído a la luz problemas estructurales
como la lucha por el territorio de los múltiples actores identificados
alrededor de una violencia sistemática y de implicaciones
medioambientales como causalidad. Se identifican unos patrones
claros alrededor de la violación de los derechos de autodetermi-
nación territorial de las comunidades de las que hacen parte los
DDAT, como el acceso a la tierra; la administración, explotación,
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
159
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
uso y cuidado de los recursos naturales no renovables; las diná-
micas de violencia por las luchas de control por grupos criminales
de los territorios anteriormente ocupados por las FARC y las acti-
vidades extractivas legales e ilegales que comprometen la seguri-
dad y supervivencia de las personas que habitan esos territorios.
La categorización de la violencia sistemática visibiliza de
manera más concreta la situación de los DDAT en el territorio
nacional y los tipos de agresiones de los que son víctimas, evi-
dencia la falta efectividad para la protección de sus derechos por
parte de los mecanismos de protección ya existentes y la
identificación de los perpetradores.
Por último, con el segundo año de pandemia por el COVID-
19 se continúan exponiendo las amenazas a las que los DDAT
están expuestos, desde la pobreza, desigualdad económica y de
oportunidades, hasta las garantías de protección. Las medidas
de confinamiento y cuarentenas obligatorias exacerbaron las
carencias materiales de los DDAT que viven en condicio nes de
pobreza, dificultades económicas o que dependían de alguna
clase de ayuda de órganos internacionales u ONGs. También
propició el aumento de amenazas y asesinatos en los lugares de
vivienda de los DDAT durante el confinamiento, haciendo aún
más peligrosa su labor (Front Line Defenders, 2022).
BIBLIOGRAFÍA
ACNUDH. (1999).
Declaración sobre el derecho y el deber de los indi-
viduos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos.
ONU.
ACNUDH. (12 de Febrero de 2019).
Los Defensores de los Derechos
Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Hu-
manos.
ONU. Obtenido de https://www.ohchr.org/SP/Issues/
SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx
ACNUDH. (2019).
Situación de los derechos humanos en Colombia.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos.
ONU.
Amnesty International. (2017).
Defensores y defensoras de los dere-
chos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la
sociedad civil.
Amnesty International.
160
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Atlas de Justicia Ambiental. (22 de Abril de 2022).
Atlas de Justicia
Ambiental
. Obtenido de Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.
org/country/colombia/?translate=es
Borrás, S. (2013). El derecho a defender el medio ambiente: la protec-
ción de los defensores y defensoras ambientales.
Revista de la
Facultad de Derecho PUCP
, 291-324.
Borrás, S. (2021).
La defensa de la tierra y de los territorios en tiempos
de acaparamientos verdes. Un análisis del caso colombiano.
Tirant
lo blanch.
CAJAR; FIDH; OMCT. (2017).
Defender el territorio y el ambiente en
contextos de actividad de empresas extractivas.
Bogotá: Ántropos.
Calderón, F., & Escobar, M. (2020). Defensores ambientales en Colom-
bia y razonamiento abductivo en el acceso a la justicia.
Veredas do
Direito
, 69-112.
CEPAL. (2018).
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-
tales en América Latína y el Caribe.
Santiago: Naciones Unidas.
CIDH. (2015).
Criminalización de la labor de las defensoras y los de-
fensores de derechos humanos.
Washington D.C.: OEA.
CIDH. (2019).
Personas defensoras de derechos humanos y líderes
sociales en Colombia.
OEA.
CIEDH. (2020).
Las personas defensoras de los derechos humanos y
las empresas en Colombia.
Bogotá: CIEDH.
CIEL. (2016).
Un Verde Mortal. Amenazas contra los Defensores y De-
fensoras de los Derechos.
Londres: Free Word Centre.
CINEP. (2018).
¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes
Sociales en el Post Acuerdo.
CINEP.
CNMH. (2015).
Una Nación Desplazada. Informe nacional del despla-
zamiento forzado en Colombia.
Bogotá: Centro Nacional de Me-
moria Histórica.
CNMH. (2018).
Tierras. Balance de la contribución del CNMH al es-
clarecimiento histórico.
Bogotá: CNMH.
CNMH. (5 de Febrero de 2019).
Centro Nacional de Memoria Histórica
.
Obtenido de Estadísticas del conflicto armado en Colombia: http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGener-
al/estadisticas.html
Corte Constitucional de Colombia. (7 de Agosto de 2021).
Corte Cons-
titucional de Colombia
. Obtenido de https://www.corteconstitucion-
al.gov.co/relatoria/1992/T-536-92.htm
Defensoría del Pueblo. (2017).
Informe de riesgo N° 010-17 A.I.
Defen-
soría del Pueblo.
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
161
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Defensoría del Pueblo. (2021).
Conductas vulneratorias en contra de
líderes sociales y defensores de DDHH.
Defensoría del Pueblo.
Forst, M. (2018).
Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las
Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colom-
bia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018
. Obtenido de
ACNUDH: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/Display
News.aspx?NewsID=23960&LangID=S
Front Line Defenders. (2019).
Análisis Global de Front Line Defenders
2019.
Dublin: Front Line Defenders.
Front Line Defenders. (2022).
Global Analysis 2021.
Global Witness. (2019).
Enemigos del Estado. De cómo los gobiernos
y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y
del medio ambiente.
Global Witness.
Global Witness. (2020).
Defender el Mañana. Crisis climática y
amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio
ambiente.
Londres: Global Witness.
Global Witness. (2021).
Última línea de defensa. Las industrias que
causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras
de la tierra y el medio ambiente.
Gómez, N. (2018).
Colombia y el Acuerdo de Escazú. Democracia am-
biental en el derecho internacional. Una presentación sobre el Ac-
uerdo Regional en América Latina y el Caribe que regula el acceso
a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Bogotá: Asociación Ambiente y Sociedad.
Gonzalez, A., & Moore, C. (2019).
Criminalización de la defensa de los
derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as
de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz.
Bogotá.
Gonzalez, D., Molina, D., & Montes, A. M. (2018). Paz ambiental y ter-
ritorial: los desafíos de Colombia para el postconflicto. En H. Guer-
rero, M. E. Vega, & P. Acosta,
Estudios sobre medio ambiente y
sostenibilidad: una mirada desde Colombia
(pág. 18). Universidad
Santo Tomas.
González, L., & Delgado, C. R. (2018). Homicidio de defensores y defen-
soras de paz: una tragedia que no se detiene.
Ideas Verdes
, 1-16.
Guerrero, M. (16 de Marzo de 2020).
El Tiempo
. Obtenido de ¿Por qué
asesinan a líderes ambientales en Colombia?: https://www.eltiem-
po.com/justicia/investigacion/la-critica-situacion-de-los-defen-
sores-ambientalistas-en-colombia-473144
162
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
Indepaz. (28 de Mayo de 2020).
#PazAlLiderazgoSocial
. Obtenido de
Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados
en 2020: http://www.indepaz.org.co/lideres/
Indepaz. (1 de septiembre de 2020).
1.000 líderes.
Obtenido de #paz-
paraliderar: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/
08/1.000-L%C3%8DDERES.pdf
Indepaz. (2020).
Informe especial. Registro de líderes y personas de-
fensoras de DDHH asesinadas desde la firma del acuerdo de paz.
Bogotá.
ISHR. (2015).
El rol de las empresas y los Estados en las violaciones
contra los defensores y las defensoras de los derechos de la tierra,
el territorio y el ambiente.
Ginebra: International Service for Human
Rights.
Knox, J. (2017).
Situación de los defensores de derechos humanos.
Nueva York: ONU.
León, J. (5 de Febrero de 2021).
La silla vacía
. Obtenido de BARBOSA
ES EL UNIFICADOR DE CIFRAS DE LÍDERES SOCIALES, TRAS
HABER SIDO SU MANIPULADOR: https://www.lasillavacia.com/
historias/silla-nacional/barbosa-es-el-unificador-de-cifras-de-lide-
res-sociales-tras-haber-sido-su-manipulador
Marín, L., & Vélez, M. (2021). Violencia contra líderes sociales y am-
bientales: ¿qué sabemos y qué podemos hacer?
CESED
, 1-25.
Mínguez, X. (2015). Conflicto y paz en Colombia. significados en orga-
nizaciones defensoras de los derechos humanos.
Revista de Paz
y conflictos
, 179-196.
Observatorio de DDH y Conflictividades de Indepaz. (2021).
Líderes am-
bientales asesinados desde la firma del acuerdo de paz.
Bogotá.
Observatorio de Memoria y Conflicto. (17 de Agosto de 2021).
El con-
flicto armado en cifras
. Obtenido de Centro Nacional de Memoria
Histórica: http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/ob-
servatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/
ONU. (1996).
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Infor-
me de la comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada
en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones.
Nueva York y
Ginebra: ONU.
ONU. (2019).
Informe del Relator Especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos.
Nueva York: Asamblea Ge-
neral ONU.
Violencia sistemática contra los defensores y defensoras ...
163
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
ONU. (14 de Enero de 2020).
Noticias ONU
. Obtenido de La impactante
violencia en Colombia contra los defensores de derechos humanos
causa preocupación: https://news.un.org/es/story/2020/01/1467912
ONU. (11 de Noviembre de 2020).
Noticias ONU
. Obtenido de Colom-
bia: el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de
derechos humanos, señala experto: https://news.un.org/es/sto-
ry/2020/03/1470571
Oxfam International. (2019).
Defensoras de derechos agrarios, territo-
riales y medioambientales en Colombia. Arriesgando la vida por la
paz.
Oxford: Oxfam GB.
Penchaszadeh, A. (2014).
Defendemos el medioambiente, defende-
mos los derechos humanos.
Amsterdam: Amigos de la Tierra Inter-
nacional.
Pensamiento y Acción Social; Protection International. (2018).
Los ries-
gos
de los Defensores del Derecho a la Tierra y el Territorio en el
escenario de posacuerdo de paz en Colombia. Una mirada desde
la región.
Bogotá: PAS.
Prem, M., Rivera, A. F., Romero, D. A., & Vargas, J. F. (2018).
Killing
Social Leaders for Territorial Control: The Unintended Consecuen-
ces of Peace.
Bogotá: Universidad del Rosario.
Procuraduría General de la Nación. (2018).
Violencia sistemática contra
violadores de derechos territoriales en Colombia.
Bogotá: IEMP.
Puentes, J. (6 de Mayo de 2020).
Pacifista
. Obtenido de Queremos un
campo limpio, algo que muchos no han entendido: lider social del
Cauca: https://pacifista.tv/notas/queremos-un-campo-limpio-algo-
que-muchos-no-han-entendido-lider-social-del-cauca/
Rodríguez, C., Rodríguez, D., & Durán, H. (2017).
La paz ambiental.
Retos y propuestas para el posacuerdo.
Bogotá: Dejusticia.
Rodríguez, E. C. (2015). El derecho a la protesta social en Colombia.
Pensamiento Jurídico
, 47-69.
Rozo, P., Lora, A., López, J., & Mendoza, L. (2021).
Líderes ambienta-
les colombianos bajo amenaza: entre la muerte y el rechazo del
acuerdo de Escazú.
Programa de Investigación de Políyica Exte-
rior Colombiana.
Somos Defensores. (2018).
Piedra en el Zapato. Informe Anual 2017
Sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de DD.HH. en
Colombia .
Bogotá: Programa Somos Defensores.
Somos Defensores. (2020).
El vírus de la violencia. Informe semestral
enero-junio 2020.
Obtenido de SIADDHH: file:///Users/gloriacecilia-
164
Andrea Turriago Molinas
Acciones e investigaciones Sociales. ISSN: 1132-192X. n.º 43 (2022). Páginas 125 a 164
https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accioninvestigsoc.2022437424
molinasvelez/Downloads/informe%20semestral_enero-junio_2020.
pdf
Somos Defensores. (2020).
La Ceguera.
Bogotá: SIADDHH.
Somos Defensores. (2021).
La mala hora. Informe anual 2020.
Bogotá:
Somos Defensores.
Somos Defensores. (2021).
Resiste.
Bogotá: Programa Somos Defen-
sores-SIADDHH.
Unidad de Víctimas. (3 de agosto de 2020).
Unidad de víctimas
. Obte-
nido de Red Nacional de Información: https://cifras.unidadvictimas.
gov.co/Home/General
Universal Rights Group; IUCN. (2018).
Reporte de consulta regional.
Identificando y Superando los Riesgos, Amenzas y Desafíos que
Enfrentan Quienes Defienden los Derechos Humanos Ambienta-
les en América Latina.
Bogotá: IUCN.
Wijdekop, F. (2017).
Los Defensores del Medio Ambiente y su Recono-
cimieto en el Derecho Internacional y Regional.
Amsterdam: Natio-
nal Committee of The Netherlands.
