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La violencia laboral en el ámbito de la educación social: una revisión
sistemática
Workplace violence in social education: a systematic review
Cristina Vidal-Marti1* y Julio Rodríguez-Rodríguez1
1Facultad de Educación. Universidad de Barcelona
*Autor de correspondencia: cristinavidal@ub.edu
Recibido 2023-01-29. Aceptado 2023-04-17
Resumen
Existen contextos laborales donde la violencia hacia los profesionales es ejercida por las personas
usuarias. Los entornos profesionales de la educación social son escenarios de alta complejidad, donde
los profesionales intervienen con personas y colectivos en situación de alta vulnerabilidad, un
elemento que conlleva un alto de riesgo de violencia laboral. El objetivo de esta investigación ha sido
analizar el fenómeno de la violencia laboral de tipo II en los profesionales de la educación social del
territorio español. Para ello, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica en las bases
de datos Web of Science, Scopus, ÍnDICE CSIC, APA PycNet y Dialnet plus. Los resultados evidencian
que la violencia laboral de tipo II hacia los profesionales de la educación social es una realidad y que
la persona usuaria es quien mayoritariamente ejerce la acción violenta. En conclusión, conocer los
factores de riesgo y las características de la persona usuaria con mayor detalle ayudará a mejorar el
estudio de la violencia laboral en el ámbito de la educación social.
Palabras clave: violencia; trabajo; educación social; profesional; seguridad en el trabajo.
Abstract
There are work contexts where violence towards professionals is perpetrated by users. The
professional environments of social education are highly complex scenarios, where professionals
intervene with people and groups in a highly vulnerable situation, an element that entails a high risk
of workplace violence. The aim of this research was to analyse the phenomenon of type II workplace
violence among social education professionals in Spain. For this purpose, a systematic review of the
scientific literature was carried out in the databases Web of Science, Scopus, ÍnDICE CSIC, APA PycNet
and Dialnet plus. The results show that type II workplace violence towards social education
professionals is a reality and that it is mainly the user who carries out the violent action. In conclusion,
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knowing the risk factors and the characteristics of the user in more detail, will help to improve the
study of workplace violence in the field of social education.
Keywords: violence; labour; social education; professional; occupational safety.
INTRODUCCIÓN
La frecuencia de los actos o comportamientos violentos hacia los profesionales que trabajan con
personas es un hecho creciente en los últimos años, hasta el punto de considerarse una epidemia
emergente en determinados sectores profesionales como el sanitario y el social (Shier et al., 2018;
Sousa et al., 2014). Uno de los ámbitos donde la violencia está presente es el entorno laboral,
denominándose violencia laboral.
La conceptualización de dicho constructo es una tarea compleja a consecuencia del carácter
multidimensional del mismo, del gran número de factores y agentes implicados, de la cantidad de
disciplinas que aborda el fenómeno y de la complejidad del contexto donde se desarrolla (Al-Qadi,
2021; Chapell y Di Martino, 2006). La violencia laboral está condicionada por factores culturales y
temporales como cualquier otro tipo de violencia (Galtung, 2016).
En la actualidad, no hay una definición consensuada ni unitaria de la violencia laboral. Distintos
organismos gubernamentales y mundiales han realizado esfuerzos para llegar a un acuerdo; sin
embargo, su naturaleza poliédrica, la multicausalidad, la multifactorialidad y su componente subjetivo
no lo han posibilitado (Choi et al., 2020; Vidal-Marti, 2020).
Una de las definiciones más consensuadas es la realizada por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), juntamente con otros organismos, conceptualizando la violencia laboral como “incidentes en
los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo,
incluidos los trayectos de ida y vuelta al mismo que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su
seguridad, su bienestar o su salud” (OIT et al., 2002, p.3).
La violencia laboral tiene graves consecuencias directas en el profesional y la organización de trabajo
(Lamothe et al., 2018; Mento et al., 2020; Phillips, 2016). Sus consecuencias impactan a nivel físico,
emocional, conductual, cognitivo y social (Gadegaard et al., 2018; Lee et al., 2021).
La California Division of Occupational Health and Safety (Cal/OSHA) estableció una taxonomía de la
violencia laboral. Se concretaron tres tipos -tipo I, II y III- en función del agente que ejerce la violencia
(Cal/OSHA, 1995). Conceptualmente, la violencia laboral de tipo II hace referencia a los actos violentos
realizados por los clientes o las personas usuarias hacia quienes le atienden en el servicio, el
profesional (García, 2019). Según Cal/OSHA (1995), dichas conductas se producen cuando se ofrece
el servicio.
La violencia laboral afecta a todas las profesiones y sus respectivos sectores profesionales (Dillon,
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2012). Los profesionales de los servicios de seguridad pública, de conducción de vehículos de
transportes, del ámbito sanitario, de servicios sociales y educativos son quienes tienen mayor riesgo
de violencia laboral de tipo II (OSHA, 2016).
En concreto, en el territorio español se encuentran estudios de la violencia laboral hacia los
profesionales sanitarios (Bernaldo-de-Quirós et al., 2014; COMB, 2004; Serrano et al., 2019; Vidal-
Marti y Pérez-Testor, 2015a). Sin embargo, el número de investigaciones que tratan la violencia hacia
los profesionales de la educación, trabajo social y educación social es escaso y limitado.
El presente artículo se centra en este tipo de violencia, donde la persona usuaria del servicio es quien
ejerce la acción hacia el profesional de la educación social. En este sentido, existen factores de riesgo
relacionados con la persona usuaria del servicio y con la organización (OSHA, 2016; Sheppard et al.,
2022). El trabajo con personas usuarias de entornos sociales desfavorecidos, el historial de
comportamiento violento, el consumo de tóxicos, entre otros serían algunos de los factores de riesgo
de la persona usuaria. Respecto a los organizacionales destacan: la falta de respuesta ante episodios
de violencia, la ausencia de apoyo, la elevada rotación de los profesionales o la falta de formación
para el manejo de conductas disruptivas (Sicora et al., 2021; Vidal-Marti y Testor, 2017).
En España, la profesión de la educación social se regula mediante el Real Decreto 1420/1991, que
establece el título universitario oficial y sus planes de estudio, así como el Real Decreto 168/2004,
que declara la equivalencia entre la diplomatura y el actual grado universitario (BOE, 1991; 2004). La
educación social es un concepto con diferentes significados, entre los cuales se vincula la educación
con “lo social” (Pérez-Serrano, 2004; Úcar, 2001), y que tiene como características significativas la
formación para la convivencia, las relaciones interpersonales y la inserción social (Pérez-Serrano,
2004).
No obstante, los cambios sociales, legislativos y económicos, así como las nuevas necesidades de la
población, hacen que el encargo social y las competencias profesionales se tengan que adaptar a los
nuevos requerimientos (Martinell y Novella, 2013). Autores como Caride (2017) o Solé (2020) señalan
las paradojas de la profesión, las injusticias sociales y el malestar de lo que se denomina “sujetos de
la educación”. Todo ello acaba desbordando el encargo social de la profesión, con el consiguiente
estrés y la presencia de burnout (Fernández del Valle et al., 2007; Navarro et al., 2018).
La educación social es, en definitiva, “un deporte de combate” (Solé, 2020, p.148), siendo una
profesión que se desarrolla en escenarios de alta complejidad y atiende a problemáticas sociales
urgentes y emergentes, donde las posibilidades de experimentar situaciones de violencia laboral por
parte de las personas usuarias de los servicios es una posibilidad (Rubio, 2019). El objetivo principal
de esta revisión sistemática es analizar los estudios sobre el fenómeno de la violencia laboral tipo II
hacia los profesionales de la educación social en el Estado español. Los objetivos específicos son: 1)
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identificar y analizar los estudios de la violencia laboral de tipo II hacia los profesionales de la
educación social; 2) conocer las dimensiones estudiadas; y 3) proponer elementos de mejora para el
estudio de la violencia laboral de tipo II en el ámbito de la educación social.
MATERIAL Y MÉTODO
Esta revisión sistemática muestra, de manera sintética y actualizada, las diferentes aproximaciones
investigadas en relación con la violencia laboral en la profesión de la educación social (Sánchez-Meca,
2010). Se realila revisión sistemática de la bibliografía siguiendo las recomendaciones PRISMA
[Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses] para revisiones descriptivas,
sistemáticas y metaanálisis (Page et al., 2021; Urrútia y Bonfill, 2010).
Las bases de datos utilizadas para la búsqueda fueron Web of Science, Scopus, APA PsycNet, ÍnDICE
CSIC y Dialnet plus. La estrategia de búsqueda fue la combinación de palabras clave y términos
boleanos, siguiendo el mismo procedimiento en todas las bases de datos consultadas (ver tabla 1).
Tabla 1
Resultados de búsqueda
WOS
SCOPUS
APA
PsycNet
InDICE
CSIC
Dialnet
plus
5
3
6
4
6
1
0
0
0
1
6
1
2
0
1
14
10
15
0
4
1
0
2
0
2
18
17
33
0
14
1
0
0
0
1
7
6
2
0
2
135
83
61
2
4
2
1
3
0
2
Total
190
121
124
6
37
478
También se realizó una búsqueda libre en Google Scholar para identificar posibles estudios no
publicados en bases de datos, pero relacionados con el objeto de estudio.
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Los criterios de inclusión fueron cinco: 1) documentos y trabajos científicos de la violencia laboral de
tipo II, 2) profesionales de la educación social o en los servicios donde este profesional trabaja, 3)
publicados hasta diciembre de 2022, 4) centrados en el territorio español, y 5) en inglés o español.
En la búsqueda inicial se obtuvieron 490 resultados. Tal como establece el protocolo, se realizaron dos
cribados con el fin de seleccionar los documentos revisados. El primero consistió en eliminar los
documentos duplicados y todos aquellos que no eran objeto de estudio de la investigación. Se
eliminaron 212 documentos. El segundo cribado consistió en una primera lectura de los títulos y
abstracts. Se desestimaron 215 documentos por no cumplir los criterios de inclusión y porque no
respondían a los objetivos del estudio. En caso de ambigüedad se decidincluir la publicación en el
siguiente cribado. Los 39 documentos cribados fueron leídos de manera completa. Se excluyeron 24
documentos porque eran: 1) artículos informativos; 2) trataban la violencia laboral en otros
profesionales distintos de la educación social; 3) no eran objeto de estudio de la investigación o 4) sus
resultados eran incompletos.
En el diagrama de flujo se expone la estrategia de búsqueda y selección para determinar la elegibilidad
de los documentos incluidos en la revisión (ver figura 1).
Figura 1
Estrategia de búsqueda bibliográfica según PRISMA
Identificación
Número de registros o citas
identificados en las búsquedas
(n=478)
Número de registros o citas
adicionales identificados en otras
fuentes
(n=12)
Cribado
Número de registros tras eliminar las
citas duplicadas
(n=278)
Número de artículos revisados según
el título y el resumen
(n=63)
Número de estudios excluidos
(n=215)
Elegibilidad
Artículo de texto completo analizado
para su elegibilidad
(n=39)
Número de estudios excluidos
(n=24)
- Artículos informativos (n=2)
- No objeto de investigación (n=21)
- Resultados incompletos (n=1)
Incluidos
Artículo incluido en la síntesis de la
revisión
(n= 6)
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RESULTADOS
Descripción de los estudios de la violencia laboral de tipo II hacia los profesionales de la educación
social
El número de documentos encontrados en relación con la violencia laboral hacia los profesionales de
la educación social fueron seis: cuatro artículos científicos (Cobos, 2019, Heliz et al., 2015; Solanes y
Meneses, 2021; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b), una tesis doctoral (Pérez-Tarrés, 2019) y un
trabajo de fin de grado (TFG) (Martín, 2019).
Cinco de los seis documentos revisados fueron publicados en el cohorte 2010 a 2020 (Cobos, 2019,
Heliz et al., 2015; Pérez-Tarrés, 2019; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b); anterior a dicha fecha no se
encontraron documentos y posterior a dicho cohorte uno (Solanes y Meneses, 2021). La lengua
utilizada fue el español en cinco registros y uno en inglés (Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b).
La naturaleza y finalidad de los documentos encontrados es distinta: los cuatro artículos se centran
en el conocimiento del fenómeno en el contexto residencial (Heliz et al., 2015; Solanes y Meneses,
2021; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b) y comunitario (Cobos, 2019), mientras que la tesis (Pérez-
Tarrés, 2019) busca saber si los profesionales que trabajan en violencia de género en la comunidad
son objeto de violencia laboral por parte de las personas usuarias. También el TFG (Martín, 2019)
difiere y evidencia que la acción violenta de la persona usuaria es un factor de riesgo de carácter
psicosocial en los profesionales de la educación social.
En la tabla 2, se presentan los datos del tipo de estudio, las características de los participantes, el
instrumento y el contexto estudiado. Hay variabilidad en el tipo de estudio. Cuatro documentos son
cuantitativos (Cobos, 2019; Heliz et al., 2015; Martín, 2019; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b) y dos
cualitativos (Pérez-Tarrés, 2019; Solanes y Meneses, 2021). En cuanto a la muestra, tres registros se
centran en los profesionales de la educación social (Heliz et al., 2015; Martín, 2019; Solanes y
Meneses, 2021) y los tres restantes analizan los diferentes profesionales del servicio, siendo uno de
ellos los profesionales de la educación social.
El instrumento más utilizado es el cuestionario ad hoc, usado en tres de los seis documentos (Cobos,
2019; Martín, 2019; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b). La entrevista y el grupo de discusión son otros
dos instrumentos más de recolección de datos.
En relación con el contexto, dos se focalizan en el comunitario (Cobos, 2019; Pérez-Tarrés, 2019), tres
en el residencial (Heliz et al., 2015; Solanes y Meneses, 2021; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b) y uno
no se detalla (Martín, 2019). En el contexto residencial, hay diversidad de público destinatario
(protección a la infancia, diversidad funcional, salud mental y personas mayores).
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Tabla 2
Descripción de los estudios incluidos en la revisión
Autoría
Tipo de estudio
Participantes
Instrumento
Contexto
Heliz et al. (2015)
Cuantitativo
52 profesionales E.S. (42,3%
hombres, 57,7% mujeres)
Cuestionario de
Evaluación de
Riesgos Psicosociales
(DECORE)
Residencial
(protección infancia)
Vidal-Marti y Pérez-Testor
(2015b)
Cuantitativo
Descriptivo
67 profesionales de acción
socioeducativa y
sociosanitaria (4% E.S.)(7,46%
hombres 92,54% mujeres)
Cuestionario adhoc
Residencial (personas
mayores)
Martín (2019)
Cuantitativo
20 profesionales E.S. (75%
mujeres, 25% hombres)
Cuestionario adhoc
Entrevista
estructurada
Diferentes colectivos
en situación de
exclusión social
Cobos (2019)
Cuantitativo
176 profesionales de servicios
comunitarios (18,6%
hombres, 81,3% mujeres)
(24% E.S.)
Cuestionario
adhoc
Comunitario
Pérez-Tarrés (2019)
Cualitativo
32 profesionales de violencia
de género (3% E.S.)
Entrevista
Comunitario
Solanes y Meneses (2021)
Cualitativo
8 profesionales E.S.
Grupo discusión
Residencial (divers.
funcional, salud
mental y protec. a la
infancia)
Nota: Educadores sociales= E.S.
Hallazgos de los estudios revisados
Los estudios revisados proporcionaron información sobre la violencia laboral de tipo II hacia los
profesionales de la educación social. Los temas se agruparon en cuatro categorías: factores de riesgo,
agente causal, actos de violencia hacia los profesionales y medidas de prevención. Se establecieron
las diferentes dimensiones para cada categoría. En la tabla 3, se presentan los resultados.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo es la categoría que engloba un mayor número de artículos revisados. Se divide
en cuatro dimensiones relacionadas con: la institución, el propio desempeño profesional, las
características del profesional y los factores culturales. Destacar cuatro factores de riesgo
institucional: la falta de medidas y planes de prevención (Pérez-Tarrés, 2019; Solanes y Meneses,
2021), la ausencia de programas de apoyo institucional para el impacto emocional de la violencia
laboral (Pérez-Tarrés, 2019), la alta carga de trabajo y los escasos beneficios para el desarrollo del
desempeño profesional (Heliz et al., 2015). La inexperiencia profesional y la atención directa serían
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dos factores de riesgo profesional facilitadores de la violencia laboral de tipo II (Vidal-Marti y Pérez-
Testor, 2015b).
Tabla 3
Aportaciones de los artículos revisados y agrupados en base a categorías
Categorías
Dimensiones
Autoría
Factores de riesgo
Institucionales
Heliz et al. (2015)
Pérez-Tarrés (2019)
Solanes y Meneses (2021)
Profesionales
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Personales
Heliz et al. (2015)
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Martín (2019)
Culturales
Pérez-Tarrés (2019)
Agente causal
Quien realiza la acción violenta
Heliz et al. (2015)
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Martín (2019)
Cobos (2019)
Pérez-Tarrés (2019)
Solanes y Meneses (2021)
Características de quien ejerce la violencia
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Cobos (2019)
Actos de violencia hacia el
profesional
Número de incidentes
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Cobos (2019)
Frecuencia
Cobos (2019)
Solanes y Meneses (2021)
Tipología
Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b)
Cobos (2019)
Medidas de prevención
Institucionales
Cobos (2019)
Pérez-Tarrés (2019)
Solanes y Meneses (2021)
Culturales
Pérez-Tarrés (2019)
A nivel personal, padecer problemas de salud mental como la depresión (Martín, 2019) y el burn-out
(Heliz et al., 2015; Martín, 2019; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b) son dos factores de riesgo.
El contexto cultural es propiamente un factor de riesgo. Si se permite la violencia a nivel estructural,
este hecho permeabilizará en los distintos contextos: sociales, laborales, profesionales y personales
(Pérez-Tarrés, 2019).
Agente causal
El agente causal de la acción violenta hacia los profesionales de la educación social es la persona
usuaria en todos los documentos. Sin embargo no es el único agente. Las familias o personas
acompañantes pueden ejercer acciones violentas hacia los profesionales, aunque con porcentajes
más bajos (Cobos, 2019).
Una segunda dimensión es quien ejerce la violencia. Vidal-Marti y Pérez-Testor (2015b) establecen
que los usuarios hombres realizan más acciones que las mujeres. Cobos (2019) afirma que la
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sintomatología psicológica y emocional de la persona usuaria es un factor de riesgo, estableciendo la
ansiedad, el estrés y el cansancio como síntomas causantes que inciden en la violencia laboral de tipo
II.
Actos de violencia hacia los profesionales
El número de actos violentos hacia los profesionales ha sido una dimensión estudiada en dos
documentos (Cobos, 2019; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b). En concreto, ambos establecen que
seis de cada diez profesionales han sido víctimas de la acción violenta por parte de la persona usuaria.
Cobos (2019) afirma que los profesionales consideran el fenómeno como un hecho habitual o
frecuente y afirma que el 30,1% de los profesionales es víctima una vez al mes y el 31,1% a la semana.
Solanes y Meneses (2021) ratifican la frecuencia y exponen que las experiencias son relativamente
frecuentes.
Una tercera dimensión estudiada son los tipos de violencia. Hay variabilidad en la autoría según su
clasificación. Sin embargo, el tipo de violencia verbal es más frecuente que el sico (Cobos, 2019;
Solanes y Meneses 2021; Vidal-Marti y Pérez-Testor, 2015b) (ver tabla 4).
Tabla 4
Tipos de violencia en base a la autoría
Autoría
Verbal
Física
Sexual
Otros tipos de violencia
Vidal-Marti y Pérez-
Testor (2015b)
49,92% H
42,11% M
13,63% H
31,56% M
13,63% H
5,26% M
13,63% H Ataque a la dignidad
21,05% M Ataque a la dignidad
Cobos (2019)
71,1%
6,9%
--
22,0% No verbal
Solanes y Meneses
(2021)
ND
ND
ND
ND Simbólico
ND Económico
Nota: Hombres usuarios que ejercieron la violencia = H; Mujeres = M; ND = No se aportan datos.
Medidas de prevención
Los documentos establecen dos tipos de medidas de prevención. Una tipología son las instauradas
por la propia institución con el fin de prevenir la violencia laboral mediante el diseño de planes de
riesgos laborales, acciones de sensibilización del impacto emocional de la violencia (Pérez-Tarrés,
2019), servicios de vigilancia (Cobos, 2019) o el refuerzo de estrategias dirigidas a la emoción del
profesional, con el fin de romper la creencia que la violencia es un hecho inherente al trabajo (Solanes
y Meneses, 2021). Una segunda tipología es a nivel cultural, incidiendo en la sociedad de manera
directa, a través de programas de concienciación de la violencia cultural y de hacer evidente el cómo
se repiten los patrones, tanto a nivel cultural como social en los contextos laborales.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos confirman que la violencia laboral de las personas usuarias hacia los
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profesionales de la educación social es una realidad poco estudiada en España. Esta investigación solo
permite hacer una primera aproximación a dicha situación, reafirmando que es un fenómeno que se
produce y tiene una afectación en los profesionales.
Aunque la escasez de investigaciones contraste con las más de 40 noticias encontradas en la red de
medios de comunicación (Almagro, 2017; De las Heras, 2021; Eitb, 2013; El Diario Vasco, 2017; El
Mundo, 2021; Eldiario.es, 2023; Europa Press, 2019; La Vanguardia, 2017, 2022), los resultados
evidencian que el fenómeno tiene una afectación e incidencia en la praxis profesional.
Esta disonancia no es exclusiva del territorio español, sino que el estudio de la violencia laboral a nivel
internacional es desigual (NASW, 2020). Son pocos los países que estudiaron la violencia laboral hacia
los profesionales de la acción social (Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Canadá) (Enosh y Tzafrir,
2015; Lamothe, 2018; Truter y Fouché, 2019), aunque fueron los organismos oficiales quienes
establecieron propuestas de prevención para su erradicación (Eurofound, 2015; NASW, 2020; OSHA,
2015).
A nuestro entender, dicha situación se explicaría por dos elementos. El primero es la propia
conceptualización de la violencia. Es decir, determinar si un acto es o no violento representa una tarea
compleja por cuestiones conceptuales, normativas, sociales y culturales (Gómez, 2014). A su vez,
influyen componentes cognitivos, actitudinales, emocionales y motivacionales que condicionan la
percepción e interpretación de la situación (Pueyo y Redondo, 2007).
El límite entre lo que constituye o no una conducta violenta suele ser difuso; pudiéndose acentuar en
el ámbito laboral por ser un contexto de trascendencia para la persona y por la labor que desempeña
(Ruiz-Galacho y Martín-Solbes, 2021). A su vez, no existe un consenso que defina la acción violenta,
derivando a la persona que recibe dicho acto a su interpretación y conceptualización (Shier et al.,
2018; Sicora et al., 2021).
El segundo elemento son las hipótesis explicativas de la violencia laboral en la acción social. Se
identifican tres líneas. Una primera es no aceptar la idea que la persona usuaria es quien puede
lastimar al profesional (Macdonald y Sirotich, 2005). Una segunda centrada en la intervención donde
el profesional y todo aquello que le atañe (lugar de trabajo, condiciones laborales…) quedan en un
segundo plano (Zelnick et al., 2013). Y una tercera es que trabajar con personas en situación de
vulnerabilidad conlleva riesgos (Gates et al., 2002; Timmins y Timmins, 2021), siendo uno de ellos la
violencia laboral hacia el profesional, que se denomina ndrome del lugar de trabajo (Vidal-Marti,
2020).
Los resultados de esta revisión permiten extraer tres consideraciones en relación con el objeto de
estudio. Una primera es el tipo de instrumento. El cuestionario ad hoc fue el más utilizado. La ausencia
de instrumentos validados para medir la violencia laboral, y más concretamente la de tipo II en el
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sector social, dificulta la comparación de datos entre investigaciones, aunque posibilite estudiar las
variables propuestas en los objetivos de cada investigación.
La segunda hace referencia a los factores de riesgo, que son una de las categorías más estudiadas en
los documentos. Por consiguiente, hay una voluntad de identificar los factores para conocer y prevenir
el fenómeno. Sin embargo, sería necesaria una unificación de las categorías y dimensiones para
disponer de más información que posibilite el conocimiento.
Finalmente, en tercer lugar, la persona usuaria, que es quien ejerce la acción violenta hacia el
profesional; y aunque puedan participar otros agentes, conocer sus características con mayor detalle
facilitaría el conocimiento del fenómeno y consecuentemente se podrían diseñar acciones de
prevención.
En definitiva, a raíz de los resultados obtenidos de esta revisión se identifican los tres elementos de
mejora para el estudio de la violencia laboral de tipo II en la educación social: un instrumento validado
y de mayor consenso entre investigadores, una identificación de los factores de riesgo de la violencia
laboral II hacia los profesionales de la educación social y un mayor conocimiento de los factores de
riesgo y de la persona usuaria, como agente de la accn violenta.
En conclusión, el objetivo de este trabajo era analizar el fenómeno de la violencia laboral de tipo II
hacia los profesionales de la educación social mediante una revisión sistemática. La escasez de
estudios y la diversidad de variables estudiadas son dos factores condicionantes. Sin embargo, el
estudio pone de relieve que la violencia laboral hacia los profesionales de la educación social se
produce y las personas usuarias son quienes mayoritariamente ejercen dicha acción.
Por consiguiente, esta revisión es un primer paso para identificar los estudios realizados, en q
sectores se investigó y las dimensiones analizadas. Sin embargo, es necesario seguir investigando para
aportar nuevos conocimientos que permitan conocer más la violencia laboral de tipo II hacia los
profesionales de la educación social.
DISPONIBILIDAD DE DATOS Y MATERIALES
Los datos utilizados fueron extraídos de base de datos. Por consiguiente, no se dispone de datos ni
materiales para asegurar la protección ni confidencialidad.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores de este artículo declaran no tener ningún conflicto de interés.
FINANCIACIÓN
No aplicable.
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CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES
Los dos autores participaron tanto en diseño, búsqueda de información, análisis de los datos como en
la redacción del artículo.
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