Acciones e investigaciones Sociales. Nº 47 (2026)
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Innovación comunitaria para la detección y coordinación en mujeres con
adicciones y violencia de género a través de las Comunidades GPS UNAD-
Diversitas-USAL: modelo piloto en España
Community innovation for the detection and coordination of women with
addictions and gender-based violence:
the GPS UNAD-Diversitas-USAL pilot model in Spain
Esther García Valverde1, Amaia Yurrebaso Macho2 , Eva María Picado Valverde3 y Raquel
Guzmán Ordaz4
1 Universidad de Salamanca
*Autora de correspondencia: esthervalverde@usal.es
Recibido 2025-05-08. Aceptado 2025-09-23
DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_ais/accionesinvestig.soc..20254711718
Resumen
Este artículo presenta el diseño y la fundamentación teórica del modelo de comunidades GPS UNAD-
Diversitas-USAL, una propuesta de intervención comunitaria desarrollada en España para mejorar la
coordinación institucional en la atención a mujeres con adicciones a sustancias que son víctimas de
violencia de género. Partiendo del reconocimiento de la escasa conexión entre los recursos
especializados en adicciones y los servicios de atención hacia este tipo de violencia, el modelo
construye un marco práctico inspirado en el enfoque ecológico y en los principios de las comunidades
de aprendizaje. La propuesta sitúa a las mujeres en el centro del proceso, reconociendo la complejidad
de sus trayectorias y la necesidad de una atención integral construida conjuntamente desde una
perspectiva de género y adecuada al contexto territorial. El artículo presenta el modelo, incluyendo
sus dimensiones clave, los principios que orientan su desarrollo y sus fases de implantación, así como
su aplicación en dos comunidades piloto. La experiencia se describe a partir de observaciones
realizadas durante el acompañamiento a ambos procesos, lo que permitió documentar cómo se
fueron construyendo las alianzas entre recursos, qué herramientas se generaron colectivamente y qué
ajustes fueron necesarios para adaptar el modelo a las dinámicas locales. El modelo plantea
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implicaciones relevantes para las políticas públicas, al evidenciar que una intervención más
coordinada requiere condiciones institucionales que favorezcan el compromiso de los actores
implicados, el trabajo colaborativo y la sostenibilidad de las redes locales, permitiendo así respuestas
más sensibles con la complejidad de las realidades de las mujeres afectadas.
Palabras clave: acción comunitaria; coordinación institucional; violencia de género; adicciones; mujeres en
situación de vulnerabilidad.
Abstract
This article presents the design and theoretical basis of the GPS UNAD-Diversitas-USAL, a community
intervention proposal developed in Spain to improve institutional coordination in the care of women
with addictions who are victims of gender-based violence. Based on the recognition of the limited
connection between specialized addiction resources and services for this type of violence, the model
builds a practical framework inspired by the ecological approach and the principles of learning
communities. The proposal places women at the centre of the process, recognising the complexity of
their trajectories and the need for comprehensive care, built jointly from a gender perspective and
appropriate to the territorial context. The article presents the model, including its key dimensions, the
principles that guide its development and its implementation phases, as well as its application in two
pilot communities. The experience is described based on observations made during the
accompaniment of both processes, which made it possible to document how alliances between
resources were built, what tools were collectively generated, and what adjustments were necessary
to adapt the model to local dynamics. The model has relevant implications for public policy, as it shows
that a more coordinated intervention requires institutional conditions that favour the commitment of
the actors involved, collaborative work and the sustainability of local networks, thus enabling
responses that are more sensitive to the complexity of the realities of the women affected.
Keywords: community action; institutional coordination; gender-based violence; addictions; women in
vulnerable situations
INTRODUCCIÓN
Desde la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género (1/2004) y el Convenio del Consejo
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
(2011) se ha avanzado en el desarrollo de medidas de intervención con mujeres víctimas de violencia
de género por parte de diferentes sistemas de protección. Sin embargo, aún persisten vacíos en la
respuesta institucional, especialmente en situaciones complejas como las que afectan a mujeres con
problemas de adicción a sustancias víctimas de violencia de género, ya que, requieren respuestas
integrales y coordinadas.
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Esta circunstancia es contemplada en la reciente renovación del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género (2025) que establece medidas específicas orientadas a mejorar los servicios de atención,
fortalecer la coordinación entre los distintos sistemas de intervención y ofrecer una atención especial
a mujeres en situación de vulnerabilidad, como el de las mujeres con adicción a sustancias.
La literatura señala una prevalencia elevada, aunque variable y en muchos casos poco documentada,
de la violencia género en mujeres con consumo problemático de sustancias. Esta variabilidad en los
datos refleja, tanto las dificultades metodológicas para medir el fenómeno, como la falta de
información sistemática sobre su alcance real. Estudios como los de Gilbert et al. (2012), Gilchrist et
al. (2011) y Caris et al. (2009) sitúan la prevalencia entre el 40 % y el 70 %, mientras que investigaciones
como las de El-Bassel et al. (2011) o Feingold et al. (2015) reportan cifras que oscilan entre el 25 % y
el 75 %. Esta disparidad podría estar relacionada con el hecho de que la conexión entre el consumo
de sustancias y la violencia de género suele permanecer oculta o escasamente abordada en los
servicios que no siempre están preparados para detectar o abordar estas situaciones de forma integral
y con perspectiva de género (Moir et al., 2022).
En el ámbito estatal, diversos estudios evidencian una alta prevalencia de violencia de género entre
mujeres con consumo de sustancias. Según datos de la red española de atención a las adicciones
(2021), el 56% de las mujeres atendidas había sufrido violencia de pareja y el 32% agresiones sexuales.
En línea con estos datos, Folch et al. (2021) encontraron que el 46% de las mujeres consumidoras de
drogas habían experimentado violencia física o sexual en el último año, siendo la pareja el principal
agresor. Por su parte, Crespo et al. (2017) no observaron un mayor consumo de alcohol en mujeres
víctimas, pero si un uso significativamente más elevado de psicofármacos, especialmente ansiolíticos
y antidepresivos.
La relación entre violencia de género y adicciones a sustancias no es casual, sino una interacción
compleja y bidireccional que tiende a perpetuarse y agravarse en el tiempo (Simonelli et al., 2014).
Esta confluencia afecta significativamente en la vida de las mujeres como señalan Arribas-Ibar et al.
(2018), la doble estigmatización como víctimas y consumidoras dificulta su acceso a recursos y debilita
sus redes de apoyo u otras barreras vinculadas al estigma, el miedo a perder a sus hijos y/o la
desconfianza hacia los profesionales (Moure-Rodríguez et al., 2020).
El Grupo de Trabajo de Género del Consejo Español de Drogodependencia y otras Adicciones (CEDOA,
2024) pone de relieve la existencia de múltiples factores de riesgo en las trayectorias de estas mujeres,
que contribuyen al consumo de sustancias y al aumento de la violencia de género. Entre ellos,
destacan vivencias y eventos traumáticos a lo largo de sus vidas, así como trastornos afectivos, baja
autoestima, aislamiento, relaciones insatisfactorias, presión por cumplir mandatos de género o la
necesidad de aceptación en vínculos atravesados por el consumo. Lejos de una relación causal lineal,
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el informe subraya que es el género, y no el consumo en sí, lo que estructura estas vulnerabilidades,
activando dinámicas de violencia, exclusión o revictimización según el contexto.
Además, la escasa producción científica con enfoque de género obstaculiza el diseño de respuestas
institucionales adaptadas a las necesidades específicas de estas mujeres (Llopis et al., 2005).
Por ello, no es suficiente hablar de “género” en singular, sino que resulta necesario abordar la
intersección de múltiples ejes de poder que configuran desigualdades complejas. Así pues, la
perspectiva interseccional ha supuesto un avance clave para comprender la relación entre violencia
de género y consumo de sustancias en mujeres, revelando las limitaciones de los modelos
tradicionales y destacando, como plantean Jiménez y Guzmán (2012), la necesidad de enfoques más
integrales y contextualizados. Esto refuerza la urgencia de articular un modelo de coordinación
institucional desde una comprensión común del problema, capaz de atender de forma adecuada y no
estigmatizante a las mujeres afectadas. Sin embargo, la ausencia de marcos integradores se refleja en
dispositivos de atención que operan de manera fragmentada y carecen de mecanismos reales de
coordinación (Picado-Valverde et al., 2022).
Cuando una mujer con problemas de adicción a sustancias inicia un proceso de salida de una relación
violenta, se encuentra en una situación crítica que requiere una intervención capaz de reconocer sus
particularidades, acompañar sus decisiones de forma coherente y movilizar recursos interconectados
para ofrecer una respuesta segura y oportuna (Andrews et al., 2021). Esta necesidad se vuelve aún
más apremiante si se considera que muchas de ellas han sufrido experiencias de trauma, pueden
presentar problemas de salud física y/o mental, tener hijos, o haber estado en entornos penitenciarios
o de explotación sexual. La superposición de estos factores deriva en trayectorias de atención
segmentadas, con recorridos institucionales en los que la falta de flexibilidad y coordinación entre
servicios compromete la posibilidad de una intervención integral y eficaz (Martínez Redondo y
Arostegui, 2021). Esta situación ha dado lugar a una creciente demanda de modelos que superen los
enfoques compartimentados y avancen hacia estructuras más globales y conectadas (Lalande et al.,
2024; Magruder, 2017). Las prácticas colaborativas adquieren una relevancia particular al facilitar la
construcción de marcos de coordinación que generan entornos de atención más seguros, accesibles y
sostenibles para las mujeres (Stylianou y Ebright, 2018; White y Sienkiewicz, 2018).
Conscientes de esta necesidad, y ante la ausencia de respuestas institucionales adecuadas para
abordar esta compleja intersección, la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) impulsó una alianza
con el Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH-Diversitas) de la
Universidad de Salamanca) con el objetivo de diseñar e implementar un marco de práctica centrado
en la coordinación, que ofrezca respuestas a las complejas realidades de las mujeres con adicciones a
sustancias víctimas de violencia de género mediante una estrategia sensible al contexto y articulada
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desde los territorios.
El presente artículo se propone desarrollar una propuesta metodológica de coordinación
interinstitucional, orientada a mejorar la atención integral de mujeres que enfrentan
simultáneamente situaciones de violencia de género y consumo problemático de sustancias. Con este
objetivo, el texto se estructura en cinco secciones: en primer lugar, se presenta el marco teórico-
referencial que sustenta la intervención, con especial atención a los enfoques de detección y
coordinación interinstitucional. A continuación, se desarrolla la metodología del modelo, detallando
sus fases de implementación y los elementos que lo estructuran. Seguidamente, se analizan los
principales aprendizajes surgidos de su aplicación piloto en distintos territorios y, por último, una
sección de discusión y conclusiones en la que se sintetizan los aportes del modelo, sus desafíos y las
perspectivas para su consolidación futura.
MARCO REFERENCIAL
Detección: modelo ecológico y enfoque de detección implícita
El modelo ecológico como base de análisis integral
Nuestro marco de actuación se basa en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1976, 1977, 1999),
ya que nos permite identificar y considerar las diferentes dimensiones, así como los factores de riesgo
específicos que puedan explicar la situación de las mujeres con esta doble problemática. Lori Heise
(1994) aporta una perspectiva clave desde la salud pública, aplicando el modelo ecológico para
analizar la violencia de género en cuatro niveles: individual, relacional, comunitario y societal, lo que
permite comprender su complejidad y raíces estructurales.
Este enfoque propone que el comportamiento humano se configura a través de la interacción entre
la persona y los distintos entornos en los que participa, distribuidos en niveles interdependientes:
microsistema (entorno inmediato), mesosistema (interacciones entre entornos), exosistema
(contextos indirectos) y macrosistema (marcos culturales y estructurales). Desde esta mirada, la
violencia de género y las adicciones no pueden entenderse como fenómenos independientes, sino
como realidades entrelazadas que se retroalimentan que deben abordarse desde enfoques capaces
de integrar su complejidad.
Detección implícita y continua en la práctica profesional
Alineado al modelo ecológico, se entiende la detección de la violencia de género en mujeres con
adicciones a sustancias como un proceso continuo y transversal presente en todas las fases de la
intervención, en lugar de concebirla como una acción puntual. Esto implica un cambio en el rol del
profesional ya que, debe integrar en su actividad ordinaria una perspectiva de detección a las
violencias, más allá de la aplicación de instrumentos en la fase inicial de la intervención, esta
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perspectiva continua ha sido propuesta por US Preventive Services Task Force al considerar como una
estrategia eficaz en detección especialmente en los entornos donde la violencia no es evidente.
En este marco es necesario recurrir a la detección implícita al reconocerse un relato explícito, siendo
de gran importancia la identificación de señales contextuales, relacionales o emocionales que
permitan una intervención temprana.
Para Rosich y Micciola (2021), esta detección requiere tres pilares fundamentales: un vínculo de
confianza entre profesionales y mujeres, un protocolo específico y un trabajo en red colaborativa
capaz de resolver los dilemas técnicos que surgen en los casos más complejos.
En esta misma línea, el Protocolo de Detección Implícita de Violencia de Género en Mujeres con
Adicciones (DIVG-MA-UNAD), elaborado por el equipo investigador, evidencia deficiencias relevantes
en los procesos de intervención, especialmente en la coordinación entre recursos institucionales
(Picado Valverde et al., 2022). Este protocolo se desarrolló a partir de un estudio diseñado
específicamente con ese fin, en el que se empleó una estrategia de triangulación metodológica. Dicho
estudio incluyó, por un lado, un análisis bibliométrico, una revisión de los protocolos de actuación
existentes en el ámbito sanitario y en los servicios sociales, así como de instrumentos validados a nivel
nacional e internacional; y, por otro, entrevistas a mujeres víctimas de violencia de género con
adicciones a sustancias y dos grupos focales con profesionales, con el fin de diseñar estrategias de
detección y coordinación. El procedimiento utilizado fue mixto, combinando técnicas cuantitativas y
cualitativas para garantizar su validez.
Entre los resultados obtenidos, se observó que muchas mujeres solicitan ayuda de forma implícita, al
considerar que la violencia que sufren está directamente relacionada con su consumo y que solo
habría cambios si abandonaran la sustancia. Por otro lado, los equipos profesionales señalaron la
dificultad para detectar la violencia en contextos de alta exclusión, la escasez de recursos específicos
para mujeres con estas trayectorias y la falta de modelos coordinados de atención. Estas conclusiones
ponen de relieve la necesidad de desarrollar enfoques integrales y colaborativos, lo que fundamenta
la propuesta de comunidades presentada en este trabajo.
Coordinación institucional desde un enfoque colaborativo
Una de las principales barreras para ofrecer una atención adecuada a las mujeres que sufren
situaciones simultáneas de violencia de género y problemática de consumo es la fragmentación
institucional. Los distintos sistemas de atención: sanitario, social, jurídico, comunitario, operan con
lógicas propias, a menudo sin mecanismos efectivos de articulación entre sí.
Las dificultades para establecer formas de trabajo colaborativas se vinculan, entre otros factores, a
diferencias en los marcos conceptuales, a preocupaciones sobre el intercambio de información y la
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confidencialidad (Lessard et al., 2024) y a la falta de estructuras estables que sostengan el compromiso
a medio y largo plazo (Johnson y Stylianou, 2020). Tal como han señalado O’Connor (2007) y Stylianou
et al. (2018), el desarrollo de modelos de coordinación efectivos requiere, no solo voluntad política o
institucional, sino espacios que favorezcan el diálogo entre actores con culturas profesionales
distintas, así como tiempos y estructuras que legitimen ese proceso como parte central del trabajo.
Comunidades de aprendizaje una herramienta para la transformación institucional
Para avanzar hacia una coordinación real entre los distintos sistemas que atienden a mujeres con
problemas de adicción a sustancias que han sido o son víctimas de violencia de género, es necesario
ir más allá de las estructuras formales de derivación o protocolos técnicos. La coordinación no ocurre
de forma automática por coexistencia institucional, requiere de espacios de encuentro, reflexión y
construcción conjunta, que permitan a los profesionales compartir conocimientos, revisar prácticas y
generar respuestas situadas y coherentes. En este contexto, proponemos el modelo de comunidades
de aprendizaje como una estrategia útil para fortalecer el trabajo interinstitucional desde una lógica
participativa y transformadora.
El modelo de comunidades de aprendizaje, fundamentado en las teorías socioculturales de Vygotsky
(1979) y Bruner (1997), promueve la participación democrática y el diálogo igualitario como vía para
la construcción compartida del conocimiento. Fue implementado por primera vez en España en 1978,
en la escuela de adultos La Verneda-Sant Martí, bajo la dirección de Ramón Flecha (1997). Este
enfoque, con una sólida base pedagógica y sociológica, ofrece un marco de transformación colectiva
centrado en la cooperación, el compromiso y el aprendizaje continuo (Hord, 1997).
Aunque no existe una definición única de comunidades profesionales de aprendizaje, hay un amplio
consenso internacional que las describe como un grupo de individuos que comparten y analizan
críticamente su práctica de manera continua, reflexiva, cooperativa, inclusiva y centrada en el
aprendizaje y el desarrollo (Mitchell y Sackney, 2000; Stoll et al., 2006).
Aunque este enfoque ha sido aplicado en el ámbito educativo, no se ha trasladado al campo de la
intervención social. Su implementación en este contexto permite la creación de redes profesionales
orientadas a responder de manera más adecuada a las necesidades reales de estas mujeres.
Otros modelos de coordinación y sus límites
Las prácticas colaborativas tienen el potencial de ofrecer respuestas más eficaces y coherentes al
abordar las múltiples necesidades de colectivos específicos, al propiciar cambios sistémicos mediante
la alineación de organizaciones con un objetivo común, aunque tengan modelos de intervención
diferentes. En el ámbito de la violencia de género, se ha revisado modelos de actuación que promueve
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la coordinación para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Un referente es el modelo
de Duluth, desarrollado por el Domestic Abuse Intervention Project en Minnesota (Pence y Paymar,
1993), que propone una intervención basada en la seguridad de las mujeres, la formación de
profesionales y la cooperación interinstitucional. Este enfoque se sustenta en prácticas estandarizadas
orientadas a garantizar la seguridad y eliminar la violencia de forma integral.
La aportación de nuestro modelo de GPS UNAD-Diversitas-USAL es el desarrollo de una estrategia más
flexible y contextualizada, en la que profesionales y entidades construyen respuestas adaptadas a las
particularidades de cada territorio. En esta línea, también destacan los modelos de Stylianou y Ebright
(2021) y Healey et al. (2018), quienes promovieron procesos colaborativos con la participación de
investigadores, profesionales y responsables políticos de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en distintos contextos australianos.
Sin embargo, no hemos encontrado evidencias de la implementación en el ámbito de mujeres con
adicciones a sustancias víctimas de violencia de género lo que motivó al desarrollo de este modelo de
coordinación.
Como muestra la figura 1, el modelo GPS UNAD-Diversitas-USAL se fundamenta teóricamente en dos
pilares interrelacionados: la detección y la coordinación. Ambos pilares confluyen en una propuesta
de intervención que busca superar el abordaje fragmentado, promoviendo acciones conjuntas,
contextualizadas y sensibles al género, especialmente dirigidas a mujeres cuyas trayectorias vitales se
han visto atravesadas por múltiples situaciones de vulnerabilidad.
Figura 1
Base teórica del modelo GPS UNAD-Diversitas-USAL: detección y coordinación
Nota. Elaboración propia.
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METODOLOGÍA DEL MODELO GPS UNAD-DIVERSITAS-USAL
El modelo de coordinación se materializa a través de las comunidades GPS, conformadas por
profesionales de diversas entidades públicas y privadas que intervienen con mujeres con problemas
de adicción a sustancias y/o víctimas de violencia de género. Estas comunidades integran
organizaciones del tercer sector, dispositivos especializados en adicciones, servicios de atención a la
violencia de género, el sistema público sanitario y de servicios sociales, cuerpos de seguridad y el
sistema judicial, entre otros actores relevantes.
Parámetros generales del funcionamiento de las comunidades GPS
Fundamentos prácticos del modelo de coordinación
• Comunidad dialógica
En el núcleo de esta propuesta se encuentra el aprendizaje dialógico, entendido como un proceso en
el que el conocimiento se construye a través del intercambio comunicativo entre personas diversas,
mediado por relaciones de diálogo igualitario (Flecha & Puigvert, 2002; Flecha, 2008). Este enfoque se
aparta de los modelos más tradicionales, centrados en la transmisión unidireccional de información,
y plantea en su lugar una lógica de construcción colectiva de significados, donde lo que sostiene el
argumento es su solidez racional, no la posición jerárquica de quien lo emite (Racionero y Serradell,
2005). Desde esta perspectiva, el diálogo no es solo un método, sino una condición necesaria para
activar procesos de transformación y construir acuerdos que reconozcan la diversidad de saberes
presentes en la comunidad.
• Objetivos y propósitos compartidos en la comunidad
El objetivo principal que orienta este modelo de coordinación es mejorar la atención integral a mujeres
con adicciones a sustancias que sufren violencia de género. En este contexto, la comunidad se
configura como un espacio de reflexión y acción conjunta, donde los actores implicados imaginan un
sistema de atención más justo, coordinado y sensible a las realidades de estas mujeres. Este proceso
de construcción colectiva de un horizonte deseado, inspirado en la noción de “soñar sin límites”
(Flecha y Puigvert, 2002) permite visibilizar aspiraciones compartidas y concretar objetivos globales
que guían la transformación institucional.
• Convivencia sostenible
La comunidad se concibe como un espacio donde el cuidado mutuo, la confianza y el respeto forman
la base de una colaboración real, necesaria para un trabajo interinstitucional en el que confluyen
tensiones, diferencias profesionales y marcos de intervención diversos. Para sostener esta dinámica
es clave reconocer de manera explícita los posicionamientos y trayectorias de cada integrante, ya que,
este reconocimiento, no solo enriquece la calidad del trabajo conjunto, sino que también fortalece el
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compromiso con el proceso colectivo.
La experiencia en intervenciones intersectoriales muestra que, cuando no existen espacios de
confianza y horizontalidad, suelen reproducirse jerarquías y resistencias que bloquean el diálogo y el
aprendizaje compartido. Por esta razón, se prioriza una comunicación abierta, respetuosa y no
defensiva, que valore cada aportación profesional más allá del rol institucional.
• Conocimiento recíproco
Uno de los mayores desafíos en la intervención con mujeres con adicciones a sustancias y víctimas de
violencia de género es la desconexión entre los sistemas implicados, lo que en ocasiones puede dar
lugar a malentendidos, intervenciones contradictorias o incluso a situaciones de revictimización,
especialmente cuando no existe una mirada común sobre las necesidades de las mujeres.
Frente a esto, este modelo promueve la creación de un espacio de conocimiento mutuo, en el que las
y los profesionales puedan comprender no solo el rol del otro, sino también los condicionamientos,
lenguajes y prioridades que orientan sus prácticas. Este conocimiento no pretende homogeneizar
enfoques, sino reconocer y legitimar la diversidad como una fuente de aprendizaje y enriquecimiento,
siempre que se articule a partir de la escucha activa, la confianza y el diálogo profesional.
• Concepción de las usuarias
Las mujeres que enfrentan simultáneamente problemas de adicción y violencia de género suelen ser
abordadas desde lógicas que recortan su identidad en función del sistema que las atiende. Son
tratadas como “usuarias” en los dispositivos de drogodependencias, o como “víctimas” en los recursos
especializados en violencia de género, lo que contribuye a reproducir respuestas parciales,
estereotipadas y, en muchos casos, poco eficaces (Arribas-Ibar et al. 2018).
Este modelo propuesto parte de una concepción más amplia de las mujeres atendidas que reconoce
la diversidad de sus historias, recursos y necesidades, y que se aleja de enfoques uniformes o
diagnósticos cerrados. Muchas de ellas han atravesado experiencias traumáticas acumuladas,
enfrentan problemas de salud física y mental, asumen responsabilidades de cuidado en condiciones
precarias, y/o han vivido procesos de exclusión muy diferenciada.
Por ello, el modelo incorpora explícitamente una perspectiva interseccional entendida, no solo como
marco de análisis, sino como una herramienta profesional transformadora, que permite comprender
cómo se entrelazan distintos ejes de desigualdad en cada trayectoria. Desde este enfoque, las
comunidades no solo son espacios de coordinación técnica, sino también entornos donde se redefinen
las formas de nombrar, representar e intervenir estas realidades complejas, favoreciendo respuestas
más éticas, respetuosas y adaptadas a la diversidad de experiencias presentes en cada caso.
Estructura operativa y red de actores de las comunidades GPS
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Para fortalecer y sostener alianzas eficaces entre entidades públicas y privadas que atienden a mujeres
víctimas de violencia de género con adicciones a sustancias el modelo propuesto incorpora un
conjunto de elementos y agentes claves orientados a garantizar el buen funcionamiento de la red y el
logro de sus objetivos (figura2) como son:
-El mapa conceptual que ilustra la ubicación de cada comunidad GPS en el territorio español,
reconociendo que los recursos, protocolos y dinámicas del circuito de atención varían según
la provincia, influenciados por las normativas autonómicas y el grado de compromiso político
con la problemática de la violencia de género y las adicciones.
-En el centro de este modelo se sitúa, de manera invariable, la mujer. A lo largo de todo el
proceso, se prioriza mantenerla en el núcleo de la intervención, con el propósito de no perder
de vista el objetivo central: construir un sistema de atención integral que contribuya a mejorar
la calidad de la respuesta institucional hacia estas mujeres.
-Las personas catalizadoras son profesionales pertenecientes a la Red UNAD que lideran la
implementación, dinamización y consolidación de las comunidades GPS en sus respectivos
territorios. Su conocimiento del contexto local les permite adaptar las decisiones estratégicas
a las particularidades del entorno, lo que favorece la eficiencia y continuidad del proceso. Su
rol es clave para estimular, coordinar e incentivar la participación de los profesionales de los
diferentes sistemas.
-Los nodos están conformados por profesionales y organismos que intervienen con mujeres
en situación de violencia de género y con problemáticas de consumo. Estos actores pueden
formar parte de organizaciones del tercer sector, así como de ámbitos públicos vinculados a
los servicios sociales, sanitarios, judiciales, penitenciarios o cuerpos de seguridad.
-Las centrales de apoyo están representadas por Red UNAD y el CIDH-Diversitas. Estas
instituciones supervisan el funcionamiento de las comunidades GPS en cada territorio,
proporcionando formación, acompañamiento técnico y análisis para su validación científica.
-Los expertos satélites son profesionales externos que brindan asesoramiento, formación u
orientación técnica en áreas específicas del conocimiento. Su procedencia puede ser diversa:
centrales de apoyo, fuentes externas o incluso nodos activos dentro de la comunidad.
-Finalmente, los coordinadores/as de apoyo, vinculados a las centrales de apoyo, trabajan
estrechamente con las personas catalizadoras para asegurar la coherencia del proceso. Su
función principal es supervisar y gestionar los recursos necesarios, garantizando que el
desarrollo de las comunidades se mantenga alineado con los objetivos del proyecto.
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Figura 2
Elementos de la comunidad GPS
Nota. Elaboración propia.
Fases de implementación de una comunidad GPS
Como muestra la tabla 1, la implementación del modelo sigue un proceso estructurado, organizado
en varias fases que aseguran su desarrollo y consolidación en los territorios.
En la primera fase, “Convocatoria para la implementación de comunidades GPS”, UNAD invita a las
entidades de su red a postularse para formar la comunidad en una provincia. Las entidades
interesadas deben inscribirse y designar a sus personas catalizadoras. Tras la evaluación de las
propuestas, se selecciona el territorio y se asigna un/a coordinador/a desde las centrales de apoyo
que actuará como enlace principal durante el proceso.
La segunda fase es la “Formación a las personas catalizadoras” por parte del CIDH-Diversitas de la
Universidad de Salamanca. Esta capacitación combina fundamentos teóricos del modelo GPS UNAD-
Diversitas-USAL con herramientas prácticas y estrategias orientadas a su implementación efectiva.
En la tercera fase, “Convocatoria y registro de los nodos”, las personas catalizadoras identifican en su
territorio a los actores estratégicos, considerando la diversidad institucional, la coordinación existente
y la viabilidad del proyecto. Convocan a las entidades las cuales aquellas interesadas formalizan su
registro en la comunidad GPS.
En la cuarta fase, “Implementación de la comunidad GPS (con seguimiento)”, se inicia el trabajo
colaborativo de la comunidad, acompañado durante seis meses por las centrales de apoyo,
realizándose encuentros mensuales orientados a favorecer el conocimiento mutuo entre
profesionales, el intercambio de metodologías, la identificación de necesidades y limitaciones, así
como la exploración de herramientas y alianzas que fortalezcan el trabajo en red.
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Este proceso se articula a partir de un marco práctico (García-Valverde et al., 2024a) y es dinamizado
por las personas catalizadoras previamente formadas. Las coordinadoras de apoyo realizan un
seguimiento continuo, ajustando las dinámicas y objetivos en función de las particularidades del
territorio, con el fin de garantizar una implementación contextualizada y eficaz.
Paralelamente, los miembros de la comunidad constituida participan en una capacitación en el que se
abordan aspectos normativos, jurídicos y metodológicos sobre adicciones y violencia de género, con
especial énfasis en la detección y la perspectiva de género. Este programa, liderado por las centrales
de apoyo con la colaboración de expertos satélites, busca dotar a los profesionales de conocimientos
y recursos adaptados a su contexto, complementando los aprendizajes construidos dentro de la propia
comunidad.
Concluido el periodo de seguimiento, se inicia la quinta fase, “Evaluación y transición hacia la
autonomía de la comunidad GPS”, en la que se realiza una valoración final de los avances y se
presentan los primeros resultados. La experiencia piloto en la comunidad GPS Murcia, uno de los
principales logros fue la elaboración conjunta de una guía de recursos configurada a partir de los
intereses y necesidades de los miembros de la comunidad en relación con los recursos disponibles
para mujeres con adicciones a sustancias y víctimas de violencia de género en ese territorio. Esta
herramienta ha facilitado una derivación más eficiente y mejora la coordinación entre servicios
(García-Valverde et al., 2024b).
En la sexta y última fase, “Autonomía de la comunidad GPS”, la red funciona de manera independiente.
Esta etapa marca la transición hacia el funcionamiento sostenible, en el que las y los profesionales
asumen conjuntamente la continuidad de la comunidad gestionando sus objetivos, alianzas y
dinámicas de trabajo.
Tras la expansión del modelo a nivel nacional creándose nuevas comunidades locales se desarrolla la
“Comunidad GPS motor” con el fin de intercambiar y monitorizar buenas prácticas. Este laboratorio
de aprendizaje permite retroalimentar a los distintos territorios fortaleciendo su sostenibilidad.
Tabla 1
Fases de implementación de una comunidad GPS
FASE
NOMBRE DE LA FASE
ACCIONES CLAVE
Fase 1
“Convocatoria para la formación
de comunidades GPS”
Proceso de inscripción y selección
Propuesta de personas catalizadoras
Propuesta de coordinador/a de apoyo
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Fase 2
“Formación de los/as catalizadores/as”
Programa de capacitación dirigido a las personas
catalizadoras
Fase 3
“Convocatoria y registro de
los nodos”
Mapeo e identificación de los nodos
Invitación a los nodos
Registro
Fase 4
“Implementación de la GPS
(con seguimiento)”
Presentación de la comunidad GPS
Compromisos y objetivos comunes
Mapa de recursos y servicios del territorio
Creación de alianzas y colaboraciones
Formación y capacitación continua
Fase 5
“Evaluación y transición hacia
la autonomía de la GPS”
Evaluación del proceso
Presentación de resultados
Nota. Elaboración propia.
Diseño y desarrollo del modelo de intervención en dos comunidades piloto
Para validar el modelo de coordinación, se sistematizó su implementación en dos provincias. Este
proceso permitió desarrollar una guía práctica (García-Valverde et al., 2024a) que presenta los
fundamentos del modelo, define las funciones de los actores involucrados y establece una secuencia
estructurada en seis fases para su aplicación. Esta herramienta operativa se consolidó como un
referente común para los equipos participantes, facilitando la alineación de sus acciones con los
principios orientadores del proyecto.
El modelo se implementó en dos comunidades piloto ubicadas en Murcia y Salamanca, iniciadas en
diciembre de 2023 y marzo de 2024 y actualmente en fase de autonomía. El equipo investigador
acompañó activamente el proceso mediante una observación participante implicada pero no directiva
(Taylor et al., 2016). Dos investigadoras realizaron el seguimiento de los encuentros, registrando el
desarrollo de las comunidades en diarios de campo y notas etnográficas (Angrosino, 2012), lo que
permitió documentar los avances del modelo, las dinámicas relacionales, los aprendizajes emergentes
y las tensiones que atravesaron el proceso. Esta información sirvió para identificar aprendizajes
situados, introducir ajustes al modelo según las particularidades de cada territorio y estructurar el
análisis a partir de nueve indicadores clave.
- Identificación de necesidades compartidas
- Formulación de objetivos comunes
- Procesos de toma de decisiones colectivas
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- Transformación en las dinámicas de relación
- Papel de las personas catalizadoras
- Participación activa y sostenida
- Distribución de roles e implicación horizontal
- Avances hacia los objetivos estratégicos
- Ajustes del modelo en función del contexto
Desde una perspectiva ética, el estudio se ajustó a los principios de la Declaración de Helsinki (última
actualización) y al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Todas las
personas participantes fueron informadas previamente sobre los objetivos de la investigación, la
voluntariedad de su participación y las garantías de confidencialidad, firmando el consentimiento
informado antes de cualquier registro. Los datos obtenidos se trataron de manera anonimizada, y el
estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de
Salamanca.
Por tanto, estas experiencias piloto permitieron validar operativamente el modelo GPS UNAD-
Diversitas-USAL, y, además, enriquecerlo, adaptarlo a los desafíos específicos del contexto y fortalecer
su legitimidad como propuesta de intervención intersectorial con enfoque interseccional y centrado
en las trayectorias reales de las mujeres.
RESULTADOS
Pilotaje del Modelo de Coordinación
La implementación del modelo se desarrolló durante doce meses en dos comunidades piloto,
integradas por alrededor de 24 profesionales en la comunidad GPS Murcia y 35 en la de Salamanca
procedentes de servicios sociales, sanitarios, policiales, penitenciarios y entidades del tercer sector
especializadas en adicciones y violencia de género. Durante este periodo se llevaron a cabo sesiones
mensuales, dinamizadas por personas catalizadoras y acompañadas de forma continua por el equipo
coordinador, que funcionaron como espacios de encuentro donde los distintos nodos pudieron
conocerse, compartir sus prácticas y limitaciones, y construir de manera colaborativa objetivos,
herramientas y acuerdos orientados a mejorar la coordinación y la calidad de la atención dirigida a
mujeres con adicciones que son víctimas de violencia de género. A continuación, se presentan los
resultados obtenidos a partir de la observación participante, estructurados en torno a nueve
indicadores.
1) Identificación de necesidades compartidas: en cada comunidad, las primeras sesiones sirvieron para
identificar conjuntamente algunas de las dificultades en la intervención con mujeres con adicciones a
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sustancias víctimas de violencia de género. Se compartieron carencias comunes, como el
desconocimiento de los recursos disponibles en el territorio, la escasa coordinación entre servicios, la
falta de formación específica y la ausencia de respuestas adecuadas en situaciones de urgencia.
También, se expresaron inquietudes sobre el abandono de la red por parte de las mujeres y sobre los
múltiples estigmas que enfrentan, tanto por su condición de víctimas como por el consumo de
sustancias.
Estas necesidades emergieron en las diferentes dinámicas recogidas en la guía práctica (García-
Valverde et al., 2024a) y fueron documentadas en el diario de campo. Por ejemplo, en la sesión del 19
de enero de 2024 de la comunidad GPS Murcia, una profesional expresó: “Hay mujeres que siguen
prefiriendo la calle porque no se sienten seguras en los dispositivos que tenemos”. Estas intervenciones
abrieron un debate colectivo en torno a la seguridad, la confianza y la legitimidad de los espacios
disponibles.
2) Formulación de objetivos comunes: a partir de las necesidades previamente identificadas, cada
comunidad definió objetivos específicos que guiaron su recorrido. En comunidad GPS Salamanca, el
trabajo se centró en la construcción de un mapa del sistema de atención diseñado por la propia
comunidad. En el caso de la GPS Murcia, este proceso condujo a la elaboración de una guía que
integraba aprendizajes, reflexiones colectivas y un mapa actualizado de recursos del territorio (García-
Valverde et al., 2024b).
3) Procesos de toma de decisiones colectivas: en relación con la toma de decisiones, se observó un
funcionamiento participativo, donde los objetivos, metodologías y acuerdos fueron debatidos y
consensuados colectivamente, aunque surgieron diferencias de criterio, las catalizadoras jugaron un
papel relevante en la mediación y facilitación de los espacios, ayudando a reconducir situaciones de
tensión hacia el objetivo compartido de mejorar la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Un ejemplo de ello se recoge en la sesión celebrada el 25 de abril de 2024 en la comunidad GPS
Salamanca, en la que se acordó de forma compartida la estructura del mapa de recursos de la
comunidad. En el diario de campo se recoge: “La sesión ha girado en torno a cómo clasificar los
servicios existentes en el territorio. Las catalizadoras han lanzado una propuesta inicial, pero han sido
los propios nodos quienes, a partir del debate, han reformulado y ajustado los criterios hasta definir
los niveles de atención. La sensación general es de acuerdo y satisfacción con la estructura final”.
4) Transformación en las dinámicas de relación: en los primeros encuentros se observó que cada
territorio presentaba una configuración relacional propia, marcada tanto por la existencia o falta de
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vínculos previos, como por el grado de visibilización, reconocimiento institucional o trayectoria
colaborativa entre las entidades participantes. Estas diferencias dieron lugar a estructuras iniciales
fragmentadas, donde la cultura organizativa del territorio influía directamente en la forma en que los
distintos nodos se relacionaban. Con el transcurso de las sesiones, estas dinámicas fueron
evolucionando hacia formas de relación más horizontales, en las que se observó una mayor apertura
al trabajo conjunto y una disposición creciente al intercambio entre profesionales.
5) Papel de las personas catalizadoras: las personas catalizadoras asumieron un papel destacado en la
organización, dinamización y convocatoria de las sesiones. Este rol de liderazgo, basado en el
acompañamiento y la facilitación, fue bien acogido y resultó clave para activar ambas comunidades.
No se observaron tensiones significativas en torno a este liderazgo, aunque sí se percibe como un
punto a seguir trabajando en las fases de autonomía, para asegurar una distribución más equitativa
de funciones y promover un liderazgo más compartido.
El seguimiento cercano entre las catalizadoras y las coordinadoras se documentó a lo largo de todo el
proceso, mediante reuniones mensuales de trabajo donde se valoraba el desarrollo de las sesiones,
se analizaban posibles mejoras y se planificaban los siguientes pasos. Por ejemplo, la reunión de
coordinación celebrada el 21 de marzo de 2024 en la GPS Murcia recoge la preocupación expresada
por las catalizadoras ante la baja participación de algunos nodos, lo que motivó el diseño de
estrategias específicas para reactivar su implicación, como el contacto individualizado o la
reformulación de los espacios de encuentro para facilitar su asistencia.
6) Participación activa y sostenida: en la fase de autonomía, ambas comunidades comenzaron a
desarrollar sus propias líneas de actuación de forma autónoma, lo que se ha traducido en una
apropiación significativa del modelo. En Murcia, con un año de recorrido en autonomía, las sesiones
periódicas se han mantenido como espacio de coordinación y también como lugar de análisis crítico
sobre las carencias del sistema y acciones conjuntas para dar respuesta a las mismas.
En Salamanca, la comunidad decidió iniciar su fase de autonomía con dos formaciones internas
impartidas por los propios nodos. El 8 de abril de 2025 se celebró una sesión en la que profesionales
de la red de adicciones ofreció una formación dirigida a entidades del ámbito de violencia de género.
Posteriormente, el 10 de junio de 2025, tuvo lugar la formación recíproca, en la que profesionales
especializados en violencia formaron a equipos del ámbito de adicciones.
7) Distribución de roles e implicación horizontal: con el avance del proceso en la fase autónoma,
algunos nodos comenzaron a asumir responsabilidades como la coordinación de pequeñas tareas,
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aunque la referencia organizativa se mantuvo principalmente en las catalizadoras. En ambas
comunidades se han mantenido reuniones periódicas entre el equipo coordinador y las catalizadoras,
en las que se ha recogido que GPS Murcia, durante su fase autónoma, ha celebrado sus encuentros
de forma rotativa en 7 sedes de distintas entidades y organismos, mientras que en Salamanca se han
organizado hasta el momento tres sesiones en tres espacios diferentes, coordinadas de forma rotativa
por distintos nodos. Esta práctica ha permitido a los y las profesionales conocer de manera directa las
instalaciones, equipos y servicios de cada entidad, favoreciendo el vínculo entre ellos y ampliando la
visión compartida del territorio.
8) Avances hacia los objetivos estratégicos: en ambas comunidades piloto se observaron progresos
vinculados a los objetivos estratégicos del modelo, expresados en la consolidación de marcos
compartidos que favorecieron una comprensión más clara del entramado institucional, así como en la
generación de respuestas colaborativas entre sectores tradicionalmente desvinculados, como el de
adicciones y el de violencia de género. A medida que avanzaban las sesiones, comenzaron a emerger
discursos más complejos sobre la atención a las mujeres, en los que se incorporaban nuevas
preocupaciones, como la necesidad de dar espacio a sus voces, cuidar a los equipos profesionales o
revisar críticamente el diseño institucional de los recursos, especialmente en aquellos aspectos que
contribuyen a reproducir barreras de acceso o situaciones de exclusión.
Algunos de estos avances se plasmaron en la guía elaborada por la comunidad GPS Murcia (García
Valverde et al., 2024b), donde se recogen las carencias que perciben los profesionales y las líneas de
actuación necesarias para avanzar hacia una atención más integral, coordinada y sensible.
9) Ajustes del modelo en función del contexto: a partir de las observaciones recogidas durante el
acompañamiento a la comunidad GPS Murcia, el equipo propuso una serie de ajustes que fueron
incorporados en el modelo y aplicados posteriormente en la GPS Salamanca. Uno de los principales
cambios fue la reorganización de la fase de implantación, a la que se incorporó una etapa inicial
dedicada a la reflexión conjunta sobre las necesidades, potencialidades y limitaciones de la red, así
como sobre los objetivos comunes. Además, se reformuló una de las dinámicas para orientarla a la
construcción participativa de un mapa de recursos del territorio, respondiendo a la demanda
compartida en ambas comunidades de contar con una visión más clara y actualizada del
funcionamiento de los dispositivos. Asimismo, se reconfiguró la última etapa con el fin de facilitar el
establecimiento de alianzas operativas entre los nodos, permitiendo consensuar acuerdos realistas
según sus competencias y necesidades. Estas adaptaciones han sido incorporadas a la versión actual
del modelo con el fin de fortalecer su coherencia con la práctica observada.
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DISCUSIÓN
A lo largo del acompañamiento en ambos territorios, se identificaron necesidades compartidas entre
los profesionales, entre ellas la persistencia de un desconocimiento mutuo entre recursos y la
tendencia a abordar de forma aislada las problemáticas de adicción y violencia de género, sin construir
una mirada conjunta sobre la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. Esta fragmentación,
ya señalada por Martínez Redondo y Arostegui (2021), condiciona tanto el acceso como la
permanencia en los programas, especialmente cuando la violencia no es reconocida como parte
estructural de los itinerarios terapéuticos. La ausencia de coordinación se entrelaza con múltiples
formas de estigma y con la experiencia reiterada de tener que recorrer servicios fragmentados,
repitiendo una y otra vez su historia sin una respuesta sostenida, lo que puede conllevar a procesos
de desgaste, desconfianza o desvinculación (Llopis, 2005; Arribas-Ibar et al., 2018).
La identificación de estas carencias permitió establecer un punto de partida común para la
formulación de objetivos comunes, desde los que cada comunidad comenzó a proyectar posibles líneas
de acción. Este ejercicio favoreció procesos de toma de decisiones colectivas, en los que se
consensuaron propuestas y se elaboraron resultados como una guía compartida, que incluía
aprendizajes, herramientas y un mapa actualizado de recursos para mejorar la coordinación en red
(García Valverde et al., 2024b).
Los espacios compartidos promovieron una transformación en las dinámicas de relación, generando
marcos más horizontales de interacción entre profesionales, entidades e instituciones. Tal y como
destacan Johnson y Stylianou (2020) este tipo de estructuras colaborativas favorecen entornos más
accesibles y seguros para las mujeres. Durante el proceso, se hizo posible abordar dimensiones
habitualmente invisibilizadas, como el impacto acumulativo del trauma o los efectos de la
discriminación institucional, en línea con las recomendaciones de Gilbert et al. (2012) y El-Bassel et al.
(2005), que subrayan la necesidad de incorporar estas realidades en los modelos de intervención.
Estas transformaciones fueron sostenidas por el papel de las personas catalizadoras, responsables de
dinamizar los encuentros, sostener el vínculo con los nodos y garantizar la continuidad del proceso. A
medida que las comunidades se consolidaban, comenzaron a emerger formas de distribución de roles
e implicación horizontal, en las que algunos nodos asumieron pequeñas tareas organizativas, o
impulsaron iniciativas como la rotación de espacios, fortaleciendo una participación activa y sostenida.
Sin embargo, mantener este compromiso en el tiempo representa uno de los principales retos del
modelo, dado que, como señalan Stylianou y Ebright (20218), se requieren estructuras mínimas y
redes estables que sostengan la implicación más allá del impulso inicial.
En este recorrido, se registraron también avances hacia los objetivos estratégicos del modelo, no solo
vinculados a la mejora de la coordinación intersectorial, sino también a la incorporación de nuevas
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dimensiones en el trabajo comunitario, como el cuidado de los equipos, o la revisión crítica del diseño
institucional de los recursos que continúa reproduciendo formas de exclusión.
Por último, destacar que este modelo se construye desde la lógica de las comunidades de aprendizaje
(Flecha, 1997), entendidas como procesos abiertos que se nutren del conocimiento colectivo de
profesionales con experiencia directa en los territorios. A diferencia de propuestas más estructuradas
como el modelo Duluth (Pence y Paymar, 1993), este enfoque se aproxima al de Healey et al. (2018),
que defiende la cooperación institucional como base para reforzar la coordinación intersectorial. En
este sentido, el modelo GPS UNAD-Diversitas-USAL no se presenta como un protocolo cerrado, sino
como una experiencia en evolución que integra los ajustes del modelo en función del contexto, gracias
a la implicación activa de los profesionales, su capacidad de análisis y la elaboración compartida de
estrategias.
CONCLUSIONES
La puesta en marcha del modelo de comunidades GPS UNAD-Diversitas-USAL representa una
innovación metodológica y política en la atención a mujeres que enfrentan simultáneamente
situaciones de consumo problemático de sustancias y violencias de género. Frente a una atención
fragmentada y sectorializada, plantea una lógica de intervención construida colectivamente a partir
del conocimiento de los equipos profesionales y las particularidades de cada territorio. Inspirado en
el enfoque ecológico y en las comunidades de aprendizaje, el modelo permite generar marcos de
trabajo compartidos que reconocen la complejidad de las trayectorias de las mujeres y promueven
una respuesta integral.
La aplicación del modelo en dos comunidades piloto ha permitido identificar una serie de condiciones
necesarias para su puesta en marcha. En primer lugar, la creación de espacios de encuentro entre
profesionales facilitó la identificación de necesidades compartidas y la formulación de objetivos
colectivos adecuados al contexto. Estos acuerdos iniciales sentaron las bases para procesos de toma
de decisiones participativas, en los que pudieron intercambiar conocimientos, debatir propuestas y
consensuar líneas de acción adaptadas a las particularidades del contexto.
A medida que el trabajo avanzaba, se observó una transformación en las dinámicas de relación entre
profesionales, marcada por una mayor apertura al intercambio y por la consolidación de vínculos más
horizontales. En este proceso, el papel de las personas catalizadoras fue relevante para sostener la
cohesión del grupo, facilitar la continuidad de los nodos y dinamizar los encuentros de forma
respetuosa y flexible. En la fase de autonomía, comenzaron a emerger también formas de
participación activa y sostenida, con nodos que asumieron pequeñas tareas de organización o
impulsaron propuestas concretas, lo que favoreció una incipiente distribución de roles e implicación
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horizontal. Estas dinámicas dieron lugar a avances hacia los objetivos estratégicos del modelo, como
la mejora en la coordinación institucional, el fortalecimiento de una cultura de trabajo conjunto y la
apertura a enfoques más integrales e inclusivos.
Los resultados observados en las comunidades piloto muestran que el modelo no solo es replicable,
sino que es adaptable a los distintos contextos territoriales y normativos. Las adaptaciones derivadas
del pilotaje, como la reorganización de algunas fases o la incorporación de nuevas herramientas de
trabajo, muestran la capacidad del modelo para ajustarse a las realidades locales sin perder su
coherencia.
Finalmente, la experiencia acumulada en estas comunidades aporta elementos valiosos para la
formulación de políticas públicas más inclusivas y eficientes. El modelo sugiere que la mejora en la
atención a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad no se logra exclusivamente con cambios
normativos o nuevas herramientas técnicas, sino mediante procesos de implicación profesional
sostenida, acompañamiento institucional y desarrollo de estructuras colectivas que favorezcan el
compromiso compartido.
Con dos comunidades ya en fase de autonomía y otras cuatro en implementación, el horizonte
próximo se orienta hacia la consolidación del modelo, la ampliación de redes territoriales y la
sistematización de los aprendizajes acumulados. En este marco, será clave seguir evaluando su
impacto no solo en términos operativos, sino también en cuanto a su potencial transformador sobre
las prácticas institucionales y las trayectorias de vida de las mujeres destinatarias.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Salamanca y se realizó conforme
a la Declaración de Helsinki y al RGPD. Todas las participantes firmaron consentimiento informado,
garantizando la confidencialidad de sus datos.
DISPONIBILIDAD DE DATOS Y MATERIALES
Los datos están disponibles previa solicitud razonable a las autoras. No se comparten públicamente
por razones de confidencialidad.
DECLARACIÓN DE IA GENERATIVA Y TECNOLOGÍAS ASISTIDAS POR IA EN EL PROCESO DE ESCRITURA
Las autoras han desarrollado íntegramente el modelo teórico y todas las fases del estudio. Se utilizó
puntualmente IA (ChatGPT) como apoyo en redacción, sin afectar el contenido académico. Las autoras
asumen la responsabilidad total del manuscrito.
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CONFLICTO DE INTERESES
Las autoras declaran no tener conflictos de intereses.
FINANCIACIÓN
Este trabajo forma parte del proyecto en el marco de un acuerdo de colaboración entre la Red UNAD
y el CIDH-Diversitas de la Universidad de Salamanca, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales,
Consumo y Agenda 2030.
CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES
Autoras E.G.V., E.P.V., A.Y.M. y R.G.O.: diseño, desarrollo teórico, redacción y revisión del manuscrito.
Todas las autoras participan activamente en la implementación del modelo GPS UNAD-Diversitas-
USAL en distintos territorios.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a las entidades implicadas en el desarrollo del modelo, a las catalizadoras, a los nodos
territoriales y, especialmente, a las mujeres participantes, cuyo testimonio ha sido el motor para la
creación de este modelo.
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